TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: V, Abril 1964 No. 76
N.D. Para resolver nuestros problemas socio-económicos, las soluciones más atractivas y fáciles de proponer consisten invariablemente en proponer alguna forma de intervención estatal.
Comienzan las recomendaciones estableciendo cómo debería ser, y luego se habla elogiosamente de los resultados que se obtendrán al adoptar «mi» idea. De cómo se pondrá en práctica, se menciona que el gobierno tendrá que implementar el plan, en forma justa y razonable, y sobre todo, inteligentemente. Lo más importante, es decir, cómo se llevará a cabo, se considera que será automático, que es incidental, y que ese ya es problema del gobierno, el cual, para objeto de argumento mientras se presentan las ideas y los planes, se presume estará formado por las personas más idóneas y más capaces, cuando no omniscientes.
La realidad es una cosa, y las utopías, aunque muy loable desearlas, son otra. Las reflexiones que a este respecto hace el famoso escritor y periodista Walter Lippmann en el artículo siguiente, plantean interesantes interrogantes de cuyas respuestas depende, en gran medida, qué nivel de vida ha de gozar o sufrir el país y nuestros descendientes.
Planeación Contra Democracia
Por Walter LIPPMANN
(Tomado del libro «Retorno a la Libertad»)
¿Pero quién es, en una sociedad civil, el que ha de decidir lo que habrá de ser el contenido específico de la vida abundante? No puede ser el pueblo, mediante un plebiscito o por mayoría de sus representantes electos; porque si el poder soberano para escoger el plan radica en el pueblo, en éste debe radicar también la facultad de reformarlo en cualquier tiempo. Ahora bien, un plan que está sujeto a cambios cada mes, o aun cada año, no es realmente un plan. Si se ha adoptado la resolución de hacer diez millones de automóviles a 500 dólares cada uno, y un millón de casas en los suburbios a 3,000 dólares cada una, el pueblo no puede cambiar de opinión un año después, desmontar la maquinaria para la fabricación de los automóviles, abandonar las casas semiconstruídas y tomar la resolución de hacer, en vez de eso, rascacielos y ferrocarriles subterráneos.
No hay, en pocas palabras, medio alguno de lograr que los fines de una economía planeada dependan de la voluntad popular. Tiene que ser impuesta por alguna especie de oligarquía, y esa oligarquía para que el plan pueda llevarse a cabo, debe ser irresponsable en asuntos de gobierno. A cualquier miembro de esta oligarquía aisladamente pudiera, como es natural, exigírsele responsabilidades por incumplimiento de la ley, del mismo modo que un general puede ser sometido a consejo de guerra; pero los votantes no pueden sancionar constantemente su política, de igual modo que los soldados rasos no pueden hacer los planes estratégicos de los generales. La comisión de planeación o sus superiores son los que tienen que determinar el género de vida y de trabajo a que se obligue al pueblo.
No es solamente imposible que el pueblo controle el plan, sino lo que es más, los planeadores tienen que controlar al pueblo. Tienen que obrar como déspotas que no toleran reto alguno efectivo a su autoridad.. En consecuencia, la planeación civil está obligada a aceptar de antemano que, de un modo o de otro, los déspotas que escalan el poder serán benévolos es decir, que conocen y desean el supremo bien de sus súbditos. Esta es la premisa implícita de todos los libros que recomiendan el establecimiento de una economía dirigida para la sociedad civil. Presentan una embelesadora visión de lo que haría un despotismo benévolo. Piden aunque nunca en términos muy claros, naturalmente que el pueblo se someta de algún modo a que su existencia sea planeada por «ingenieros», «expertos» y «técnicos» que se someta a caudillos, salvadores, héroes. La premisa política de toda la filosofía colectivista es ésta: que los dictadores serán patriotas o clasistas, según el término que le parezca más encomiástico al orador. Es, asimismo, la premisa de toda la filosofía de la regulación por el Estado, actualmente considerada como progresista. Aunque disimulada bajo la ilusión de que una burocracia responsable ante una mayoría de votantes y sujeta a presión por parte de las minorías organizadas, no ejerce el poder coercitivamente, es evidente que mientras más variada y extensa sea la regulación, más despótico se torna el poder del Estado contra el individuo; porque la pequeña parte de control que el gobernado ejercita sobre el gobernante a través del voto, no guarda proporción, en manera alguna, con la autoridad que el gobierno ejercita sobre él.
Ciertamente que pueden encontrarse déspotas benévolos; pero también es posible que no los haya. Pueden aparecer como tales en una ocasión; pueden no aparecer así en otras. El pueblo, a menos de que se deje ametrallar en las barricadas, no puede lograr que se escoja a los déspotas benévolos y que a los malévolos se les arroje del poder. No puede escoger a sus déspotas, pues los déspotas se escogen a sí mismos y, resulten buenos o malos, seguirán adueñados del poder mientras puedan dominar la rebelión o mientras no los asesinen.
De este modo, por una trágica ironía, el deseo de seguridad y de creación de una sociedad racional, si busca la salvación mediante la autoridad política, termina en la forma más irracional imaginable de gobierno; en la dictadura de oligarcas fortuitos, sin título hereditario, sin origen constitucional, o bien irresponsables, que solamente pueden ser reemplazados por medio de la violencia. Los reformadores que en su anhelo de planear el futuro ponen todas sus esperanzas en los buenos déspotas, dejan sin planear aquello de que dependen todas sus esperanzas. Justamente por la razón de que en una sociedad planeada debe el pueblo obedecer a sus gobernantes, no puede haber plan posible para encontrar a los planeadores: la selección de los déspotas que habrán de hacer a la sociedad racional y segura, tiene que dejarse abandonada al azar irracional.