TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: VI, Abril 1965 No. 100
N.D. A continuación publicamos dos recientes editoriales de Prensa Libre sobre temas que han cobrado mucha actualidad y que son enfocados con la claridad y precisión que caracterizan al autor.
UNA TRAMPA COMO HAY MUCHAS
El afán de pomposidad que domina a los constituyentes en materia social relumbra en la segunda sección del artículo 106, capítulo trabajo, cuyo acotamiento iniciamos ayer, para demostrar que no pasa de ser un enunciado sin trascendencia, puro lirismo de ribetes demagógicos. Juzgue el lector esta segunda parte, que dice a la letra: «El régimen laboral del país debe organizarse conforme principios de justicia social que concilien la libertad de iniciativa privada con el bien común de la sociedad y con la valoración humana del trabajo». Entre esta monserga hay que moverse con cuidado, caminar despacio, porque cada uno de esos términos imprecisos justicia social, iniciativa privada, bien común y valoración humana del trabajo son encrucijadas en donde una mano traviesa alteró las señales y las convirtió en laberinto. Cada quien las lee, por lo tanto, a su manera y busca la salida de acuerdo con sus facultades de adicción.
Sería un juego interesante si no se tratare de la ley constitutiva de la república, la piedra fundamental que ha de sostener reglas de convivencia, el ordenamiento jurídico de la Sociedad, concebido para evitar el caos y la anarquía. Cada uno de sus preceptos debe ser claro, preciso, categórico y taxativo, a efecto de que las leyes derivadas no den cabida a la confusión o la antinomia. Un enunciado como el que ha quedado transcrito luciría bien en una conferencia para desarrollar y aclarar satisfactoriamente el significado de cada una de sus partes; el auditorio podría convenir con el disertante o discrepar de sus puntos de vista, aceptar sus conclusiones o sacar otras diferentes. En un texto constitucional es inconcebible tanta ambigüedad. La norma ha de ser esclarecedora, sirva para iluminar la senda, no para llenarla de sombras y añagazas.
En el artículo consabido, la llamada justicia social ha de servir de elemento conciliatorio entre la iniciativa privada, el bien común de la sociedad y la valoración humana del trabajo; una tarea de singular envergadura, lo cual indica que ese instrumento es de carácter maleable, que se puede amoldar a tan distintos contornos como sea preciso y dar como resultado una legislación intachable. La dificultad estriba en que no se sabe cuáles son esos principios y, por lo tanto, hay que improvisar, soltar la imaginación, hacer experimentos o simplemente atrincherarse en ellos para no cejar ni una pulgada, porque podría darse el caso de que, una vez establecido cuáles son esos principios y de qué trata esa justicia de que se habla, resultare que es materia inflexible, pétrea y cortante, por lo que serían los otros elementos los que tendrían que doblegarse a sus exigencias. De donde se deduce que no habría conciliación sino sometimiento, sin que por ello pudiere aducirse befa del principio constitucional. Para evitar el intríngulis deberían los legisladores agregar una larga lista de incisos en los que quedaren detallados los principios de justicia social de que se habla, para saber cómo han de conciliar las otras partes que, al tenor del artículo de marras, son antagónicas entre sí.
Si hay necesidad de avenir la iniciativa privada con el bien común y con la valoración humana del trabajo, es porque aquélla contradice ambas circunstancias. Quiere decir que la iniciativa privada se halla reñida con el bien común, que es, en términos generales no puede hablarse de otro modo que no sea vago a propósito del párrafo citado lo que interesa y favorece al conglomerado. Se entiende que es prudente atarle las manos, recortarle las garras y educarla para que se comporte esa terrible iniciativa como una persona bien educada. Déjesela suelta y como ave de presa se lanzará sobre el bienestar de todos y acabará con esa valoración humana del trabajo que tanto preocupa. Estamos entonces en que si la iniciativa privada crea fuentes de trabajo, es injusta, lo mismo que si promueve la riqueza, la formación de nuevos capitales y se interesa en explotarlos recursos del medio para satisfacer las necesidades internas de la república y permitirle comer con el resto del mundo. Para a correr el bien común, el interés de la generalidad, lo pertinente sería entonces arrebatarle los medios de producción a su alcance y encomendarlos a otras manos; dígase al estado o al proletariado que son de acuerdo con la teoría socialista, los dueños legítimos, los únicos que pueden obrar con estricto sentido de justicia social.
Se excusarán los legisladores señalando que no ha pasado por su mente semejante posibilidad, y ha de creérseles, porque lo seguro es que no se han detenido a pensar, a reflexionar, ni a examinar el sentido ni los alcances de los vocablos que con tanta ligereza emplean. Para ellos el precepto acotado es sólo una frase llamativa, una prueba de su amplitud de criterio o una manera de apaciguar las exigencias de los representantes obreros, de tenerlos contentos para que no proclamen que se está elaborando una constitución regresiva y recalcitrante. El mundo camina hacia la izquierda, razonan, y es inútil oponerse. Pero lo curioso y que no todos advierten es que los regímenes de izquierda se van haciendo poco a poco hacia la derecha, apartándose de los dogmas y las máximas ortodoxas, después de haber comprobado que la quimera nunca dejó de ser eso precisamente; un sueño sin fundamento, irrealizable, porque en la vida de los pueblos no hay panaceas ni soluciones mágicas, sino una lucha constante por resolver los problemas de la convivencia, sin lograrlo jamás sino a medias. Pero los pueblos no aprenden por la experiencia ajena; y, a veces, ni siquiera en la propia. Repiten los mismos errores, se extravían en el mismo lugar en donde los predecesores han perdido el rumbo. Por eso es que no se mira el desastre cubano y hay quienes miran en él la expresión máxima de la justicia social. Para ellos, Castro ha llorado conciliar la iniciativa privada con el bien común y, al hacerlo así, logró «valorar» humanamente el trabajo del hombre, de una manera bien sencilla. La descabezó y se apropió de sus bienes. ¿De qué otra manera, preguntaríase ingenuamente, podría conciliarse lo irreconciliable? Para los izquierdistas la iniciativa privada es el monstruo, el pulpo implacable. Con bicho de esa índole no se razona, se le degüella, en desesperada prenda de la conciliación con el bien común.
Como se ve, me he perdido en la maleza del artículo 106. Era inevitable. Ese artículo es un laberinto, una casa de espejos, llena de pasajes, secretos. Se sabe cómo se entra pero no cómo se sale. Y eso es lo que aguarda al pueblo cuyo «bien común» algo tierno y delicado se expone deliberadamente a tantos riesgos.
Pedro Julio García
Desarrollo Económico y Demagogia Social
Lo que se ha señalado como ampuloso, incongruente, anfibológico o contradictorio en la carta constitutiva de la república que ahora se discute, aparece peraltado en el capítulo relativo a trabajo, por ser el que más se presta a la demagogia y a las actitudes postizas. Y conste que no se ha dicho ni visto todo lo que es dable esperar en ese nivel, puesto que faltan las discusiones públicas, con claques aleccionadas, que harán del debate un espectáculo circense. De modo que si el proyecto elaborado por la comisión ponente es de por sí redundante y dudoso, lo que finalmente apruebe la asamblea plenaria ha de ser para exhibirlo como dechado de una confusión de miras y de propósitos, de la que no puede emerger nada que aproveche el progreso o el desarrollo de los pueblos atrasados y si propicie en cambio la revuelta social.
La confusión mayúscula deriva de la creencia que el atraso de los pueblos es imputable a la falta de legislaciones tutelares en materia social, cuando se trata en realidad, estrictamente de un proceso económico. Es el mismo engaño que ha convertido la alianza para el progreso en un fiasco continental, desmesurado. No se acepta que el avance social sea consecuencia del crecimiento económico, so color de no haber tiempo para dejar que las cosas tomen su curso lógico y por lo tanto se opta por el gran salto que trastrueca los factores. Se da prioridad a lo social en busca de justicia, y lo que en verdad se obtiene es concitar el desequilibrio, porque en la medida que se obstruye el desarrollo de las fuerzas productivas, se impide que las irradiaciones de la riqueza alcancen a mayor número de personas.
Ocurre de ese modo porque todas las leyes proteccionistas se enderezan al servicio de una minoría, que es la que tiene aseguradas sus posiciones en el concierto de la producción. Se acrecientan las ventajas del que tiene trabajo pero no se piensa en los que año con año aumentan la oferta de mano de obra y no encuentran demanda porque se ha puesto rozaderas al florecimiento de nuevos capitales, a las reinversiones, o se han aumentado los riesgos y cercenado los incentivos. Se obtiene, en consecuencia, una falsa idea del beneficio social, porque sólo atiende el presente. Las prestaciones y granjerías que se obtengan para el trabajador en la nueva constitución, por ejemplo, abonarán la conveniencia de los que tienen a quién reclamar esos frutos. ¿Y los que ansían una oportunidad de colocarse, de entrar al engranaje de los favorecidos por las normas avanzadas que se pergeñan con desentendimiento de la realidad viva? Esos quedan condenados a la desesperanza, porque el capital que vea acrecer los peligros inherentes a la inversión o cuyo margen reproductivo se diluya en prestaciones y servicios, no estará en capacidad de crear nuevas plazas ni tendrá interés en exponerse al acoso de las fuerzas laborales si, como sucede ah9ra en Centro América, tiene amplio campo para escoger las condiciones que le sean más benignas. Mientras más avanzada sea nuestra legislación con respecto de la de los otros países del consorcio ístmico, mayores las desventajas en que nos veremos colocados para la competencia. Aquí tendremos justicia social y nos convertiremos en consumidores; allá tendrán desarrollo, crecimiento, mejores condiciones de vida, y serán nuestros abastecedores. Las conquistas de uno serán la prosperidad de los demás.
El desarrollo económico no puede postergarse ni limitarse en favor de las exigencias sociales, sin sufrir graves consecuencias. Y eso es, si bien se mira, lo que se pretende con el concepto de justicia social aplicado a las actividades económicas y laborales, so color de poner remedio al desequilibrio existente en el disfrute de la riqueza. En nombre de esa justicia es dable restar impulso al capital, frenar la iniciativa privada, cargarla de obligaciones superiores a sus fuerzas y que, de añadidura, desnaturalizan su función y embarazan su marcha. El capital, se proclama, sólo se justifica aplicado a satisfacer necesidades sociales, compartiendo sus beneficios. Pero no se cae en la cuenta de que con ese enunciado se alude a un capitalismo maduro, en plena pujanza, de suficiente solidez para absorber cuantas reclamaciones quieran hacérsele. Si no existe ese nivel, si en cambio se trabaja en medios de notorio atraso, con capitales endebles y quebradizos, una política exorbitante no hace otra cosa que socavar sus cimientos y condenarlo al fracaso.
Para quienes ansían un cambio de estructuras, esa consecuencia encaja en sus designios. La prisa de que se hace gala con el pretexto de anticiparse a una debacle denuncia más que nada el interés en precipitar los acontecimientos. Por eso se alborota con el peligro de una tormenta revolucionaria que ha de estallar de improviso, dicen, a menos que se satisfagan sus exigencias. El ruido sirve para ocultar el hecho de que el cambio de una estructura económico política se explica o justifica cuando ésta ha demostrado ser ineficaz para resolver los problemas de una nación o conjunto de naciones. Para ello es indispensable que se agoten todas las posibilidades que ofrece el sistema, que se pongan en juego todos los resortes que le son inherentes; con el capitalismo no ha ocurrido nada que se le parezca en países que no han tenido oportunidad de alcanzar su desarrollo, no porque el instrumento escogido sea impropio, sino porque ha faltado una conciencia clara y penetrante de lo que es y puede hacerse con él.
Si ha faltado antes, ahora parece mucho más remota porque lo que se antoja satisface todos los gustos es un producto híbrido en el que se mezcla la libertad de empresa con la dirección estatal, los principios del capitalismo con los objetivos del socialismo. Es la tercera instancia, el término medio, el punto neutro con que se presume alcanzar la estabilidad, a despecho de saberse a punto fijo que su característica es la transitoriedad. Como el que transige y se sacrifica en el principio capitalista, como es el que se deja recortar las alas y limitar su radio de operaciones, lo que hace es condenarse a perder sus restantes atributos. Pierde la batalla sin lucha, sin bizarría. No importa que se asiente en la norma el deseo de salva-guardarlo y de procurar su aliento, porque a renglón seguido se le deja en desamparo, con el consentimiento y beneplácito de aquellos que deberían ser sus más denodados defensores. Es más importante ser izquierdista, renegar de todo lo que suene a conservadurismo, no obstante que hay muchas cosas dignas de conservarse y de reforzarse si se desea de veras la prosperidad de los más, el progreso de todos.
Pedro Julio García
«La ley debe ser general, certera, uniforme, ordenada, predecible y equitativa en su aplicación.