TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: VII, Marzo 1966 No. 122

PROTECCIONISMO Y COMUNISMO

Por Federico Bastiat

Hacer intervenir al Estado, darle como misión el ponderar las ganancias y equilibrar las fortunas, quitando a unos sin su consentimiento para dar a otros sin retribución; encargarlo de realizar la obra de la nivelación por vía de la expoliación, con seguridad, eso es comunismo. Ni los procedimientos que emplee el Estado para aquella finalidad, como tampoco los bellos nombres con que se decore el pensamiento, cambian en nada la situación. Que la realización se lleve adelante por medios directos o indirectos, por la restricción o mediante los impuestos, valiéndose de tarifas o del derecho al trabajo; que se la coloque bajo la invocación de la igualdad, de la solidaridad o de la fraternidad, nada de eso cambia la naturaleza de las cosas; el pillaje de las propiedades no es menos pillaje porque se lleve a cabo con regularidad, con orden, sistemáticamente y por acción de la ley.

Agrego que, en nuestra época, está ahí el comunismo verdaderamente peligroso. ¿Por qué? Porque bajo esa forma lo vemos incesantemente listo para invadirlo todo. ¡Y ved! Uno pide que el Estado provea gratuitamente a artesanos y labradores de instrumentos de trabajo; es eso invitarlo a quitarles algo a otros artesanos y labradores. Otro quiere que el Estado preste sin interés; lo que no puede hacer sin violar la propiedad. Un tercero reclama la instrucción gratuita en todos los grados, ¡gratuita!; eso quiere decir: a expensas del contribuyente. Hay un cuarto que exige que el Estado subvencione las asociaciones de obreros, los teatros, los artistas, etc. Pero tales subvenciones equivalen a valores que son sustraídos a quienes los habían ganado legítimamente. Un quinto no descansará hasta que el Estado haya hecho subir artificialmente el precio de un producto, en beneficio de quien lo vende; pero eso va en detrimento de quien lo compra. Sí, bajo esta forma, bien pocas son las personas que en una u otra oportunidad no resultan ser comunistas. La sois, lo es M. Billant y temo que en Francia lo seamos todos en algún grado. Parecería que la intervención del Estado nos reconciliara con la expoliación, haciendo recaer la responsabilidad sobre todo el mundo; es decir, sobre ninguno; de donde resulta que se disfruta de los bienes ajenos en perfecta tranquilidad de conciencia. Este honrado M. Touret, uno de los hombres más probos que se hayan sentado en los bancos ministeriales, ¿acaso no comenzó así su exposición de motivos para el proyecto de ley sobre adelantos a la agricultura?: «No es suficiente proporcionar instrucción para cultivar las artes; es necesario aún suministrar los instrumentos de trabajo». Después de ese preámbulo, somete a la Asamblea nacional un proyecto de ley cuyo primer artículo está concebido de la manera siguiente:

«Art. 1o. El Presupuesto de 1849 se abre al ministro de agricultura un crédito de 10 millones destinado a hacer adelantos a los propietarios y asociaciones de propietarios de establecimientos rurales».

Confesad que si el lenguaje legislativo pretendiera hablar con exactitud, ese artículo debiera estar redactado:

«El ministro de Agricultura y Comercio queda autorizado durante el año 1849 a sacar 10 millones de los bolsillos de los labradores, que mucho necesitan ese dinero y a quienes pertenece, para ponerlo en los bolsillos de otros labradores, que igualmente lo necesitan, pero a quienes no pertenece».

¿No es ése un acto comunista y, generalizándose, acaso no constituye el comunismo?

Tal fabricante que se dejaría morir antes de robar un óbolo, no tiene el menor escrúpulo en presentar a la Legislatura una petición como ésta: «Haced una ley que eleve el precio de mis paños, de mi hierro, de mi hulla y que me permita sangrar a los compradores».

Como el motivo en que se funda es el de que no está contento con su ganancia, tal como se ve determinada por el intercambio libre o el libre cambio (lo que declaró que es la misma cosa, pese a lo que se diga); como, por otro lado, todos estamos descontentos con nuestra ganancia y dispuestos a invocar a la Legislatura, queda en claro, para mí por lo menos, que si la Legislatura no se apresura a contestar: «no es éste asunto que me concierna: no estoy encargada de violar la propiedad, sino de garantizarla», queda claro, digo, que estamos en pleno comunismo. Las medios de ejecución que hace funcionar el Estado pueden diferir, pero tienen la misma finalidad y están relacionados con el mismo principio.

Suponed que me presente en la barra de la Asamblea nacional y diga: Ejerzo un oficio, y no encuentro que mis beneficios sean suficientes. Por eso pido que se dicte un decreto que autorice a los señores perceptores a recaudar en mi provecho, un pobre pequeño céntimo de cada familia francesa. Si la Legislatura accede a mi pedido, si se quiere, podrá no verse ahí sino un hecho aislado de expoliación legal, que no merece aún el nombre de comunismo. Pero si todos los franceses, uno después de otro, llegan a hacer la misma súplica, y si la Legislatura las examina con el fin confesado de realizar la igualdad de las fortunas, es en ese principio, seguido de efectos, en lo que veo y no podréis dejar de ver el comunismo. Que, para llevar a efecto su idea, la Legislatura se valga del agente de aduana o del perceptor de rentas, de la contribución directa o del impuesto indirecto, de restricción o de prima, poco importa. ¿Se cree ella autorizada a Quitar y a Dar sin compensación? ¿Cree ella que es su misión la de equilibrar los beneficios? ¿Procede en consecuencia de aquella creencia? En tal caso, digo que estamos en la pendiente del comunismo, sea que tengamos o no conciencia de ello.

Y si se me dice: El Estado no procede así en favor de todo el mundo, sino solamente en favor de algunas clases, contestaré: pues entonces ha encontrado la manera de empeorar el comunismo mismo.

Comprendo, señor, que pueden arrojarse dudas sobre estas deducciones, con la ayuda de una confusión muy fácil. Se me citarán actos administrativos muy legítimos, casos en los cuales la intervención del Estado es tan equitativa como útil; luego, establecida una aparente analogía entre aquellos casos y los que motivan mi protesta, resultará que no tengo razón, diciéndoseme: O no debéis ver comunismo en la protección, o debéis encontrarlo en toda actuación gubernamental.

Es ésa una trampa en la que no quiero caer. Por ese motivo me veo obligado a investigar cuál es la circunstancia precisa que imprime a la intervención del Estado el carácter comunista.

¿Cuál es la misión del Estado? ¿Cuáles son las cosas que los ciudadanos deben confiar a la fuerza común? ¿Cuáles son las que deben reservar para la actividad privada? La contestación de tales preguntas importaría dictar un curso de política. Felizmente no tengo necesidad de ello para resolver el problema que nos ocupa.

Cuando los ciudadanos, en lugar de suministrarse ellos mismos un servicio, lo transforman en Servicio Público; es decir, cuando juzgan conveniente cotizarse para hacer ejecutar un trabajo o para procurarse una satisfacción en común, no llamo a eso comunismo porque no veo en ello lo que constituye su característica especial: la nivelación por la vía de la expoliación. El Estado quita, es cierto, mediante el Impuesto, pero devuelve por medio del Servicio. Es una forma particular, pero legítima, de lo que es fundamento de toda Sociedad, el Intercambio. Voy más lejos. Al confiar un servicio especial al Estado, los ciudadanos pueden hacer una operación buena o mala. La hacen buena, si por ese medio el servicio se presta con mayor perfección y economía. Es mala en la hipótesis contraria; pero en ningún caso veo aparecer el principio comunista. En la primera situación, tienen éxito los ciudadanos; en la segunda, se han equivocado y eso es todo; y si el comunismo es un error, de ahí no resulta que todo error sea comunismo.

Los economistas en general desconfían mucho de la intervención del gobierno. Ven ahí inconvenientes de toda especie, una depresión de la libertad, de la energía, de la previsión y de la experiencia individual, todo lo cual constituye el haber más precioso de las sociedades. Con frecuencia les toca, pues, combatir aquella intervención. Pero no es de ningún modo el mismo punto de vista, ni el mismo motivo, lo que les hace rechazar el Proteccionismo. Luego, no se haga de nuestra predilección, tal vez demasiado pronunciada por la libertad, un argumento en contra nuestra, y que no se diga: no es sorprendente que estos señores rechacen el régimen proteccionista, ya que rechazan la intervención del Estado en todo asunto.Para empezar, no es cierto que la rechacemos en todo asunto. Admitimos que es misión del Estado mantener el orden, la seguridad, hacer respetar las personas y las propiedades, reprimir los fraudes y las violencias. En cuanto a los servicios que tienen un carácter, por así decirlo, industrial, no tenemos otra regla que ésta: que el Estado se haga cargo si de ahí ha de resultar para la masa de la población una economía de fuerzas. Pero, ¡ por Dios!, que en el cálculo se tomen en cuenta todos los innumerables inconvenientes del trabajo monopolizado por el Estado.

Luego, me veo obligado a repetirlo, una cosa es votar contra una nueva atribución que se dé al Estado, con el fundamento de que, una vez calculado todo, es desventajosa y constituye una pérdida nacional, y otra cosa es votar contra esa nueva atribución cuando es Ilegítima, expoliativa y da por misión al gobierno el hacer, precisamente, aquello que debe impedir y castigar de acuerdo con lo que constituye su misión racional. Es el caso que tenemos contra el Régimen llamado Protector esas dos clases de objeciones y que la última por mucho es la de mayor importancia, para determinarnos a hacerle una encarnizada guerra, bien entendido por las vías legales.

Así, por ejemplo, si se somete a un consejo municipal el asunto de saber si es mejor dejar que cada familia mande buscar su provisión de agua desde un cuarto de legua, o si es preferible que la autoridad recaude una cotización para hacer llegar el agua a la plaza de la aldea, no tendré ninguna objeción de principio para oponer al examen de aquel asunto. El cálculo de las ventajas y los inconvenientes para todos será elemento único para la decisión. Podrá haber equivocación en aquel cálculo, pero el error mismo, que acarreará una pérdida de bienes, no habrá de constituir una violación sistemática de la propiedad.

Pero si el señor alcalde propone aplastar a una industria en beneficio de otra, prohibir los suecos en beneficio de los zapateros o alguna otra medida análoga, le diré entonces que aquí ya no se trata de un cálculo de ventajas e inconvenientes; se trata de una perversión de la autoridad, de una desviación abusiva de la fuerza pública; le diré: sois depositarios de la autoridad y de la fuerza pública para el castigo de la expoliación, ¿cómo es que os atrevéis a aplicar la autoridad y la fuerza pública para proteger y sistematizar la expoliación?

De triunfar la idea del señor alcalde, si veo coma consecuencia de aquel precedente, que todas las industrias de la aldea se agitan para solicitar favores a expensas unas de las otras, si en medio de ese tumulto de ambiciones sin escrúpulo, veo naufragar hasta la noción misma de la propiedad, tendrá que permitirse pensar que, para hacer el salvataje, lo primero que hay que hacer es señalar lo que hay de inicuo en la medida que fue el primer eslabón de tan deplorable cadena.