TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XIX, Octubre 1978 No. 424

FONAVI: Amenaza Política

Juan Carlos Simons

Una vez más al ciudadano guatemalteco se le amenaza con solucionarle sus problemas. Podemos estar tranquilos, porque en este momento hay algunos políticos y técnicos que se encargan del problema habitacional y, según su opinión, encontraron la solución: EL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (FONAVI).

Tengo la impresión de que habrá algunos escépticos que dudan de la efectividad de las instituciones y de los proyectos estatales. Seguramente tendrán sus razones y alguna que otra experiencia con algunas de ellas que son de supuesto beneficio «popular» (Banco de los Trabajadores que dicen que es de los trabajadores IGSS, BANDESA, INDECA, PROLAC, etc.), no se mencione aquí las que «prestan» otros servicios (GUATEL, EMPRESA ELECTRIC A, INDE, AVIATECA, FLOMERCA, etc.). En fin, yo me sumo a los escépticos y creo conveniente hacer un breve análisis de lo que es el ante-proyecto mencionado y algunas de sus consecuencias económicas en la población guatemalteca.

1.El FONAVI extraería recursos financieros de la siguiente forma: 4% de cuota patronal de las planillas, 2% del Estado, sobre los salarios de empleados estatales, y 2% del trabajador directamente, es decir que con un 8% de los salarios de la población económicamente activa (según los estudios actuariales efectuados por técnicos mexicanos) el problema habitacional de Guatemala estará resuelto en 20 años (esto naturalmente si en los 20 años la situación del país es la misma, si no ha habido otro terremoto, si los guatemaltecos pierden su iniciativa e inventiva, si no hay adelantos tecnológicos, si no encontramos petróleo y si el nivel de vida de la población no ha variado).

2.Según declaraciones del presidente del BANVI (Banco que sería el administrador del FONDO), el déficit habitacional para 1978 es de 818,524 viviendas y que para 1982 será 917,524, agrega en sus declaraciones que para financiar el déficit actual serían necesarios Q.2.425.572,O00.0O por lo menos. Paradójicamente en el anteproyecto se menciona que se tiene la intención de que el FONAVI no constituya un ente burocrático más. ¿Podemos acaso imaginar que una institución que manejará un presupuesto de alrededor de los 125 millones de quetzales anuales (para principiar) escapará de los compromisos políticos y de la creciente euforia burocrática? Como ejemplo de exceso de burocracia tenemos el IGSS y que maneja un presupuesto de «solamente» 90 millones de quetzales, aproximadamente.

3.Ahora bien, en cuanto a la forma en que se constituirá el fondo podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que el TOTAL (8%) será financiado por el trabajador-consumidor. Recordemos que el empresario traslada cualquier costo al consumidor. Partamos de un principio: las contribuciones patronales inciden en el costo de producción de las empresas y como cualquier otro costo tiene sus efectos, en alguna proporción, en el precio: Podemos pensar que el empresario se ve afectado en la medida en que sus productos se van encareciendo cada vez más debido a incrementos en los costos (actualmente ya paga 10% del IGSS, tres por millar IRTRA, 1½ % INTECAP), pero nadie estará dispuesto a asumir costos a expensas de ganancias esperadas, que son las que lo mantienen interesado en seguir trabajando en determinada actividad.

Por lo tanto podemos estar seguros de que el 40/o de cuota patronal incidiría en el ingreso disponible de toda la población. Sería el FONAVI el que lo tendría disponible.

4.En cuanto al 2% que sería aportado por el Estado recordemos que el Estado no ha negado su cuota como patrono del IGSS, y luego, aunque cumpliera con la contribución al FONAVI, ¿de dónde saldría ese 2%? a) Tendría que dejar de construir algunas carreteras, escuelas u hospitales, o b) tendría que aumentar impuesto(s), lo cual es bastante impopular o c) tendría que emitir circulante, con lo cual abarataría el dinero, es decir, se agravarían los efectos inflacionarios. Seguramente la alternativa (a) sería por la que el Estado se decidiría. Y sobre este punto creo pertinente hacer algunas reflexiones. El FONAVI se basa en un «ahorro» forzoso de los trabajadores (formado por contribuciones de trabajadores, patronos y Estado), pero como apuntamos anteriormente será financiado totalmente por el sector trabajador-consumidor, el cual involucra a toda la población guatemalteca. El hecho de que sea coercitiva la formación del Fondo implica, evidentemente, que dicho dinero sería empleado en actividades diferentes a la que cada individuo decidiría libremente como más importante para él, de acuerdo con su orden prioritario de necesidades. El «deseo de la comunidad» está formado por el deseo de cada individuo que conforma esa comunidad. No existen, estrictamente hablando, «necesidades insatisfechas de la población», las únicas necesidades a satisfacer son las de los individuos, la masa no tiene necesidades. ¿Conocen los políticos y los tecnócratas mejor que cada persona cuáles son sus necesidades y en qué orden debe satisfacerlas? ¿Qué sucede con el individuo de bajos ingresos que prefiere alquilar una casa y así liberar su ingreso para educar a sus hijos?

5.Además, ¿por qué la vivienda es lo que nos debe preocupar, por qué no vestido o alimentación, si aceptamos estas tres como necesidades básicas del hombre? ¿Qué criterio se ha utilizado para decidir prioritariamente por la vivienda, si es que existe alguno? Y que no se diga que los cálculos actuariales constituyen un criterio, porque lo único que podemos concluir basados en dichas cifras es que somos un país en el que existe bastante pobreza y que miles de familias no poseen vivienda «adecuada» (?). Seguramente que si hacemos un recuento y algunos cálculos de las necesidades de alimentación y vestido de la población los resultados posiblemente nos impresionarían, pero no harían otra cosa más que proporcionarnos una cifra aproximada de algo que ya sabemos. El problema de la pobreza sólo se resuelve elevando el nivel de vida, y la única forma que conozco de hacerlo (como lo han hecho todos los países que han logrado cierto grado de desarrollo y que consecuentemente han minimizado el nivel de pobreza de sus gentes) es aprovechando racionalmente los recursos y mejorando la relación de capital per cápita, con lo que el FONAVI no tiene relación alguna.

6.El artículo 28 es uno de los puntos en donde se hace más evidente la carencia de sustentación económica, y por lo tanto lógica, del ante-proyecto en cuestión. Dicho artículo se refiere a la capitalización del Banco Industrial que establece (Decreto Ley 170) que el 10% del total de los dere­chos arancelarios de que se exonera a la industria nacional (ya sea por leyes nacionales o por el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial) pasará a formar parte del capital social del Banco industrial, incrementándolo de esa manera hasta el monto establecido en el artículo 4o. del Decreto Ley 429. El monto ya se completó (25 millones de quetzales) hace algunos meses. Dicha transacción (aunque forzosa) representaba, a lo menos, una inversión, un activo, en poder de los industriales exonerados.

Pues bien, el artículo 28 del ante-proyecto establece que el Banco de Guatemala seguirá cobrando el mismo 10% solamente que ahora éste pasará al BANVI para ser acreditado a la cuenta del Estado como parte de la aportación (2%) que le correspondería según el artículo 4o. del anteproyecto. Con respecto a este punto cabe hacer las siguientes observaciones:

a) El Estado «contribuiría» con dinero sustraído previamente de un sector que arbitrariamente se ha escogido. En otras palabras, establecería un impuesto del 10% a un sector de la industria (sólo a los exonerados). Recordemos que sin la exoneración la actividad industrial no sería factible dado el elevado nivel de impuestos sobre materias primas y equipo.

b) La base de este impuesto sería el anacrónico sistema arancelario actual, que debido a su origen tan arbitrario ha demostrado los efectos negativos para el desarrollo del país. Prueba de ello es que se espera que dentro de un año ya se cuente con el nuevo arancel que acaba con todas las exoneraciones y proteccionismo que han entorpecido el comercio internacional (y en ese momento ¿de dónde se obtendría ese 10% que estaría cobrando?).

Es decir que si los aranceles son establecidos arbitrariamente, ¿sería lógico que sobre ellos se basaran para financiar la vivienda de un sector de trabajadores? Realmente lo único que podemos inferir de una propuesta de este tipo es que, no importa de dónde, lo único que pretenden es extraer recursos, sin importar su relación ni sus efectos en el nivel de vida de toda la población del país.

c) ¿Qué criterio se ha utilizado para obligar a unas industrias a contribuir más que otras al fondo para la vivienda? No tiene fundamento el que se pretenda que existe alguna relación entre las empresas que más cantidad de materias primas, materiales o maquinaria importen y el FONAVI. Las industrias que no utilizan materias primas del extranjero o no están clasificadas en el convenio centroamericano, o que importan poco, o que están exoneradas parcialmente no «contribuirían o lo harían en menor monto que algunas otras. Cabe de nuevo la pregunta, por ejemplo ¿existe algún criterio que determine que los fabricantes de medicinas deben contribuir forzosamente más que los que fabrican muebles? ¿ o que el que gana poco debe contribuir con más? ¿Por qué no nos explican ese criterio?

7.En el artículo primero del ante-proyecto está explícito el objeto del FONAVI, en el cual se observa, además de los objetivos de financiamiento habitacional, varios aspectos de notoria tendencia totalitarista.

El punto III del artículo 1o. establece como objeto de la creación del FONAVI, «Participar en la promoción, establecimiento, organización y ampliación de empresas industriales del ramo de la construcción ya sea mediante asistencia crediticias o por aportación de capital a las mismas». El punto IV, del mismo artículo, se refiere a la «adquisición de los bienes muebles e inmuebles necesarios para sus fines», éste se complementa con el artículo 22 que se refiere a la fijación del porcentaje del activo total que «podrán Invertir en la compra de tierras», y con el artículo 29 que establece el mecanismo para llevar a cabo la «expropiación de bienes inmuebles que el BANVI señala como necesarios…» Y aún hay más: El artículo 21 establece que el BANVI, como administrador del FONAVI, podrá determinar que se adjudique vivienda en arrendamiento y señala el límite que por concepto de renta se cobraría.

Tal parece que los «padres del proyecto no olvidaron nada: Primero se expropia la tierra, luego se construyen las casas, después se venden algunas y otras se alquilan. Y por si no fuera suficiente, el Estado mismo puede instalar «sus» fábricas de cemento, ladrillo, hierro, etc. Realmente no se me ocurre un proyecto que pudiera ser más atractivo a un gobierno fascista o marxista que éste. El Estado se convertiría en el mayor (principalmente, para luego ser el único) fabricante y vendedor de materiales de construcción, propietario de la tierra y de las viviendas por lo que podría dedicarse solamente a «arrendarlas» a los miembros de «su partido si así lo dispusiera en un futuro. Igual que en Europa Oriental.

8.Algunos defensores del proyecto argumentan que si el Estado centraliza toda la actividad en él, se evitará la especulación en los terrenos a adquirir para vivienda y el alza «inmoderada» de precios de los materiales de construcción ¿Habrá todavía algún ingenuo que no se dé cuenta que ello es precisamente lo que crea las oportunidades para que funcionarios públicos, o allegados del gobierno especulen con la compra de los terrenos gracias a la información previamente obtenida acerca de los terrenos que serán «adquiridos por el Estado? Esta es precisamente, la especulación que perjudica al pueblo, la derivada de las oportunidades políticas, que se amparan muchas veces en leyes, hechas para el aprovechamiento de la elite política. Que los hay, los hay…

En cuanto a los precios de los materiales de construcción, sólo recordemos una cosa: ¿Qué pasó en Guatemala después del terremoto de 1976? Si los precios subieron no fue por las medidas de «especulación de comerciantes e industriales, esta píldora no nos la tragamos tan fácilmente. Cualquiera sabe que los precios en el mercado son un reflejo de la escasez o de la abundancia de los productos. Es decir, para que haya mercados negros especulativos primero tiene que existir precios tope. El único remedio para evitarlos es aumentando la producción, pero esta no aumentará con la intervención del Estado a través de precios tope. Vano sería argumentar económicamente en este momento los efectos de la intervención y/o administración estatal en actividades privadas o de servicios públicos, dado que con remitirnos a hechos y experiencias vividas por miles de ciudadanos que han tenido que sufrir las consecuencias de la administración y/o intervención estatal basta y sobra.

Ahora bien, la presión que ha ejercido el «boom» de la inversión post-terremoto, que en la mayoría ha sido evidente el alza de los precios de materiales de construcción, dado que la demanda real de construcción ha aumentado y la oferta de los mismos no (o por lo menos no en la misma proporción). Ahora bien, imaginémonos el impacto que tendría en los precios de toda la construcción si se aumenta la demanda mediante la canalización forzosa de cientos de millones de quetzales en esa actividad. El resultado sería hacer aún más prohibitivo el que mayor número de habitantes satisfagan su necesidad habitacional.

9.El FONAVI sería una ley discriminatoria que beneficiaría a una parte de la población a expensas de todos los trabajadores. Y todo esto con base en conceptos de «justicia» y de «derecho» absurdos, ya que no puede ser «justo» que una ley se base en el «derecho» de algunos a «cierto tipo de vivienda», que alguien caprichosamente ha diseñado y que implica la obligación, de todo el resto de la población, a subsidiar a quienes reciban «salarios menores o iguales a cinco veces el salario mínimo regional (artículo 13, inciso «d» del anteproyecto de ley).

10.Con el artículo anteriormente señalado, se pretende también que sirva de presión para el aumento continuo de los salarios mínimos con el supuesto propósito de incorporar más trabajadores como derechohabientes del FONAVI. Doblemente perjudicial resultaría para el trabajador, ya que con una política de alza masiva de salarios han sido ya evidentes, para los mismos trabajadores, los efectos en los precios de todos los bienes y servicios. Se ha notado que los salarios aumentan pero los precios aumentan en mayor proporción. Además, como ya se ha señalado infinidad de veces, una política de aumento de salarios mínimos provoca un desempleo que está en relación directa al aumento del salario mínimo. Si el aumento de salarios se pudiera lograr por Decreto, ¿por qué no fijar un salario mínimo regional de 20 quetzales diarios, por ejemplo? En este caso sería evidente 1 efecto que tendría una medida de este tipo; pero el principio es aplicable a cualquier nivel de salarios que esté por encima del de mercado.

11.Evidentemente el ante-proyecto del FONAVI constituye un «chirmol» de aspectos económicos y políticos, que no guardan relación entre sí, por lo que sería necesario demasiado tiempo para desenmarañar tanto concepto confuso. Por eso es aconsejable abordar el problema que realmente constituye el fondo del asunto. El problema de la pobreza es económico (no político) y como tal hay que encararlo. La única forma en que el Estado puede contribuir a bajar el costo de la vivienda es eliminando los obstáculos que él mismo ha puesto y que disminuyen las oportunidades de muchos ciudadanos para adquirir su casa. ¿Por qué no quitar los impuestos de importación para materiales de construcción, por ejemplo, y así lograr el abaratamiento de la vivienda? Además, en el caso del anteproyecto en cuestión, el comprador tendría que asumir su parte alícuota, aunque no lo quisiera, de calle ancha que permita el paso del automóvil que no posee, de campos deportivos para los deportes que no tiene tiempo de practicar, etc…. Todo lo cual constituye más de la mitad de la casa que compraría.

Si el «experimento» llamado FONAVI lo aceptáramos como algo beneficioso, tendríamos necesariamente que estar de acuerdo con que a mayor cantidad de instituciones de este tipo, mayor grado de satisfacción económica para los guatemaltecos. Es decir, que con un Estado totalitarista los problemas estarían resueltos.

El FONAVI constituye un instrumento político que amenaza con convertirse en una carga más para los trabajadores que, lejos de mejorarles su situación, agravaría aún más la pobreza del país y constituiría una barrera adicional a las ya existentes que impiden el verdadero desarrollo económico y social de toda la población guatemalteca.