TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXI, Agosto 1980 No. 468

En Torno a la Causa de la Violencia

Resulta irónico que en el fondo la violencia que tanto nos preocupa, sea el resultado de sentimientos genuinamente benevolentes. Nos referimos, desde luego, exclusivamente a la violencia política. Debe quedar claro que al aseverar lo anterior, no se excluye la participación en este tipo de violencia de personas que no tienen buena voluntad, ya que, como es natural, cuando la violencia se generaliza también será aprovechada por hombres de mala voluntad.

Lo que se quiere decir es que, como se verá más adelante, la violencia política es el resultado del bien intencionado y sincero afán de producir mayor bienestar general.

Principiemos por convenir que la violencia política es una lucha por el poder estatal. Es una lucha por llegar al gobierno y controlar lo que algunos filósofos de la política han llamado «El Monopolio del Poder Coercitivo del Estado».

Hemos crecido en un ambiente en el cual se considera lo más natural del mundo que sea el gobierno quien vele por el bienestar económico de su población. Esto jamás se pone en duda. Este criterio domina la discusión política en todo período eleccionario. Es preponderante en la discusión política teórica en las universidades. Lo que se discute es cuáles medidas llevará a cabo el Estado, idealmente, para beneficiar más a la población. Y poner en duda el fondo mismo de la discusión, parecerá una terrible herejía a la mayoría de los lectores, pues todos hemos heredado parte de la actitud servil de los tiempos feudales, cuando el Encomendador, el Rey o el Caballero tenía la responsabilidad del bienestar de sus súbditos.

El paternalismo estatal aún perdura en forma muy generalizada, y a todos les parecerá lo más natural y correcto que un gobierno se considere responsable del bienestar económico de los ciudadanos.

La idea de la república democrática moderna, sin embargo, se basa en la soberanía del ciudadano, y no del gobierno. Es así que al presidente se le denomina el mandatario, y al ciudadano, el mandante. Se basa en que la función legítima y fundamental de un gobierno es la de hacer imperar reglas de conducta justas, y no la de producir leche o importar comida.

La república democrática moderna se basó en el criterio ético de la responsabilidad de cada individuo por su propio destino, y no en la premisa de que las personas mayores de edad son indolentes e incapaces para proveer sus necesidades y satisfacciones materiales, y que solamente en el ejercicio de su derecho de voto para elegir gobiernos se puede confiar en el acierto de su criterio.

Alguien dijo alguna vez que si el gobierno no tenía nada que ver con cuál religión practicaba, qué opinión emitía, con quién se casaba, dónde trabajaba, con quién comerciaba, cómo educaba a sus hijos, etc., entonces no le interesaba quién estaba en el gobierno.

Ahora bien, cuando a través del tiempo el gobierno va tomando cada vez mayores responsabilidades y atribuciones que no son propiamente derivadas de la de mantener el régimen de derecho y garantizar a los ciudadanos sus derechos individuales, entonces inevitablemente se va convirtiendo en un aparato omnipotente que tiene injerencia en todos los detalles de la vida de los ciudadanos, a petición de algunos ciudadanos que se benefician de tales injerencias, a costa de los demás.

Indistintamente de si el gobierno es dirigido por una asamblea que representa el sentir mayoritario, o por un dictador, dicho gobierno ya es de hecho totalitario, en el sentido de que rige la totalidad de la vida de sus ciudadanos. Teniendo en cuenta que el gobierno tiene y debe tener el monopolio del poder de la coacción, puesto que nadie pretendería que el poder coercitivo del Estado no fuese monopolístico y que existiesen ejércitos privados, policía privada, juzgados privados, que compitiesen con el gobierno entonces el gobierno, por el mismo poder omnipotente que tiene, se convierte en un instrumento de expoliación sumamente apetecido por las facciones o grupos de presión que creen que pueden manejar ese instrumento mejor que otros y hacerlo para el bien de la sociedad.

Cuando el gobierno se convierte en un instrumento al cual hay que recurrir incluso para obtener luz eléctrica, o abastecernos de comida, ocurre también otro fenómeno, cual es que cada vez los ciudadanos dependen en mayor grado de decisiones discrecionales de burócratas de segunda, tercera y cuarta categoría, por el simple hecho de que hay que recurrir a mayor número de personas menos idóneas mientras mayores sean las atribuciones del gobierno. Mientras mayores sean las atribuciones del gobierno, mayor número de ellas tienen que estar sujetas a decisiones arbitrarias y discrecionales del funcionario, pues ya no se trata simplemente de velar que se cumplan reglas generales de conducta justa, sino de permisos, licencias y todas las clases de privilegios que ello conlleva. Surgen así las condiciones propicias que incitan a la corrupción administrativa.

Una vez los gobiernos ya se han convertido en un instrumento todopoderoso de expoliación, es natural que diversos sectores, facciones y grupos de presión, cuando el cabildeo político ya no es suficiente, estén dispuestos a llegar a extremos de lucha para lograr el control de ese apetecido instrumento de expoliación, el cual, desde luego, nunca llegó a adquirir semejante poder y naturaleza con el propósito de convertirse en un aparato de expoliación, pero de hecho así sucede dada la realidad de la naturaleza humana. El instrumento de expoliación está constituido por todas aquellas medidas que bajo un nombre que anuncia algún propósito saludable, como Fomento de… Protección de… Control de… etc., resultan colocando a personas o grupos de presión en posiciones privilegiadas y limitan la libertad de otros con el objeto de lograr transferencias económicas involuntarias de unas personas a otras. Se revierte de una sociedad contractual a una sociedad de status y privilegios.

La expoliación referida no es generalmente reconocida como tal, porque los métodos utilizados son muy sutiles. Se les pone un nombre que sugiere la idea de «justicia» social o de ser eficaz medida para proteger a un sector o para evitar un mal «social».

Si a las sutiles medidas que se adoptan con loables propósitos se les reconociese por lo que en la realidad conllevan, nadie las recomendaría ni aceptaría.

Para reconocer tales medidas a pesar de sus loables nombres, basta examinarlas y preguntarse si la medida pretende lograr fines definidos o si pretende normar conducta, indistintamente de los resultados. Si pretende obligar a las personas a actuar como libre y pacíficamente no lo harían, o si les veda actuar como libre y pacíficamente actuarían.

Porque si la función de un gobierno se limita a hacer prevalecer normas de conducta, previamente aceptadas como justas porque son generales, abstractas y claras, los resultados de los actos económicos de los ciudadanos serán imprevisibles. Si lo que se desea a través de la función del gobierno son determinados resultados, ello necesariamente obliga al gobierno a inducir a las personas, a través de su poder coercitivo, para que el resultado de los actos de los ciudadanos tiendan a lograr los fines deseados, es decir, hay que dirigir «la economía» a través de un sistema impositivo discriminatorio, licencias, permisos, cuotas, precios autoritarios, monopolios estatales, legislación «tutelar», controles, subsidios, impuestos diferentes según la naturaleza de la actividad. Si un gobierno no recurre a esos expedientes coercitivos, no podrá influir en la actividad pacífica de los ciudadanos hacia objetivos definidos. Los ciudadanos serán libres.

Son inconmensurables las consecuencias de adoptar uno u otro de los términos de esta disyuntiva en torno a la función legítima de un gobierno, y constituye el fondo de si el gobierno será el mandante o el mandatario. Si el gobierno será totalitario o el pueblo será libre. En una frase: si es factible conciliar la libertad con la democracia.

¿Cuál es la función propia de un gobierno? Ese es el primer criterio que debe dilucidarse en la discusión sobre la violencia. Si el diálogo resultare en que se desea un gobierno omnipotente (totalitario, democrático o elitista), la única manera de lograr la paz es eliminar toda disensión despiadadamente, como lo han logrado en Rusia, Cuba y otros países colectivistas, para poner fin a la lucha por El Instrumento.

Si el diálogo resultare en que se desea un pueblo libre y pacífico, el gobierno tendrá vedado el camino de la intervención económica, pues ésta lo convierte en el Instrumento de Expoliación apetecido por grupos de presión y facciones políticas, que inexorablemente degenera en la violencia política.

¿Cuántos están dispuestos a aceptar los riesgos de la libertad?