TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXIII, Noviembre 1982 No. 522

EL ESTADO MALTUSIANO

Francisco Pérez de Antón

El destape de la olla mexicana ha provocado un variado repertorio de interrogantes acerca de las causas de su mal olor. Los cocineros que la aderezaron han dado algunas excusas. Pero siguen sin convencer a los comensales. Y es que la verdadera razón de que el cocido se salase obedece al desconocimiento, o quizá al olvido, de un viejo secreto culinario: a partir de cierta dosis razonable, todo aumento de gobierno es inversamente proporcional al aumento de bienestar social. México sería, entonces, el caso límite de la propensión maltusiana del Estado moderno a devorar el propio bienestar que aparentemente crea.

En efecto, durante los últimos setenta y cinco años, el gasto total del sector público de los países occidentales ha venido consumiendo porciones crecientes de la cosecha social. Existen países «libres y democráticos» donde sus gobiernos toman para sí más del 60% de lo que producen sus ciudadanos. La duda punzante es la de si la libertad y la democracia pueden sobrevivir bajo una ordenación social en la que el sustento del Estado depende de unas reservas económicas cada día más exiguas.

Si se examina el comportamiento de las instituciones públicas contemporáneas a la luz de la ley de Malthus, se diría que el sector público ha crecido en proporción geométrica, en tanto que la economía en general lo ha hecho en proporción aritmética. Expresado en otros términos, una población estatal creciente se nutre de las existencias de una población privada menguante.

No es preciso ser profeta para advertir que una organización social regida por tal ley está condenada a una desembocadura turbulenta donde confluyen simultáneamente el empobrecimiento, la crisis social y hasta quizá la guerra.

Los casos más escandalosos de maltusianismo estatal han sido Polonia, Costa Rica, Bolivia y últimamente la debacle de México. Pero, casi sin excepción, la mayoría de los países occidentales avanzan maquinalmente hacia la misma trampa. Pareciera que los gobiernos de Occidente se hubieran puesto de acuerdo en cumplir el pronóstico de Orwell, descrito en su célebre novela «1984», según el cual, y para esa fecha, todos estaríamos condicionados, vigilados y dirigidos por los mandatos de nuestro Hermano Mayor.

Y en honor a la verdad, la conducta económica de la clase política de nuestro tiempo, ya sea que se constituya en democracias parlamentarias o gobiernos de facto, ya en países americanos, ya europeos, sugiere estar regida por un mismo patrón: la cantidad de recursos dedicados a la redistribución de bienestar es progresivamente mayor que la destinada a generarlo.

La certeza de este hecho puede observarse estudiando la relación entre Gasto Público y Producto Nacional Bruto. Es a partir de este dato que la analogía maltusiana deja de ser mero divertimiento teórico para convertirse en desoladora evidencia.

Empecemos con el país supuestamente más libre y democrático de Occidente, los Estados Unidos. En 1929, los gastos de su gobierno ascendían a un 12% de la producción nacional. Para 1969 esa cifra se había elevado al 34%. Hoy supone ya un 42%. En lo que va de siglo, el sector público de los Estados Unidos ha crecido a doble velocidad que su economía.

En Europa, la situación es aún más grave.

La proporción del gasto público inglés sobre la producción, pasó de un 12% en 1913 a un 56.5% en 1981.

En Suecia, dicho índice era de un 24% en 1950, habiéndose elevado a un 63% en 1980.

La participación del estado francés en la economía era de un 11% a finales del siglo XIX, pero antes de la victoria de Mitterrand había alcanzado ya el nivel del 50%.

En 1980, el gasto del gobierno italiano respecto a la producción nacional superó la cota del 56%, Grecia la del 55 y Holanda la del 60.

En España, la cifra era del 15% en 1961. Veinte años después había rebasado ya el 42%.

El fenómeno se repite en Austria, Bélgica, Noruega, Finlandia y Dinamarca. En promedio, la participación del Estado en el Producto Nacional Bruto de los países europeos pasó de un 31% en 1950 a un 52% en la actualidad.

Que la propensión del gobierno a crecer más allá de todo límite no es un fenómeno exclusivo de las democracias parlamentarias, lo demuestra las cifras disponibles de América Latina, donde, por decenios, los gobiernos de facto no han sido la excepción, sino la regla.

En 1970, por ejemplo, el gasto total de los gobiernos centrales hispanoamericanos respecto al Producto Nacional Bruto era de un 12%. En 1979 la media rebasaba ya el 30%, destacando en los primeros lugares México, Argentina, Jamaica, Venezuela y Panamá.

El índice Gasto Público/Producto Nacional de México era del 26% en 1970. Seis años después alcanzaba la cifra del 40%. En 1981, y antes de que se nacionalizara la banca, dicho índice había llegado ya al 67%, uno de los más altos del mundo «libre».

En Argentina el salto fue de un 40% en 1976 a más del 50% en los últimos años. Jamaica y Venezuela, por otro lado han superado el listón del 40%.

En Centroamérica, el Producto Nacional Bruto se triplicó entre 1965 y 1978. Pero los egresos gubernamentales se quintuplicaron. En el caso de Costa Rica y Panamá, los gastos de sus respectivos gobiernos crecieron a doble velocidad que la producción en el período mencionado.

Sólo en el último quinquenio, el gasto público de Guatemala ha crecido a razón de un 20% anual promedio, en tanto que la producción lo hacía a una tasa media del 5%.

Las cifras arriba mencionadas no deben sorprender si se piensa que la medida del progreso, en los países en desarrollo, consiste en situar la cifra del gasto público a la altura de la de los países desarrollados. Y sólo cuando ambos guarismos están próximos es que la tecnocracia estatal experimenta cierto confort.

Pero, en fin, ahí están los hechos. Las crisis económicas podrán achacarse a muchos factores, pero no hay uno solo que no esté aparejado a un crecimiento desmedido del gasto público en relación al crecimiento de la producción.

Y ese proceso es muy simple de explicar.

El crecimiento del Estado sólo puede sostenerse con los impuestos obtenidos del sector privado. Pero, examinando el fenómeno a lo largo de un plazo razonablemente amplio, cuando el Estado crece, la actividad privada decrece. Esto es un axioma que no requiere demostración. Resulta obvio que, si el sector público aumenta, la población económicamente activa que vive a expensas del Estado es progresivamente más numerosa que la ocupada en el sector privado y debe ser, además, mantenida por éste. El nivel de vida del empleado público supera entonces al del empleado privado. Trabajar para el gobierno resulta más atractivo que hacerlo para el sector no estatal. La trampa maltusiana ha quedado abierta.

Se produce entonces una brecha entre los ingresos fiscales producidos por un sector privado decreciente y el gasto público de un sector estatal creciente que sólo puede cerrarse mediante el endeudamiento público.

El pecado no es venial, ni siquiera capital. Es un pecado fiscal.

A partir de ahí, el deterioro se acelera visiblemente. Surgen la inflación, el desequilibrio externo, la escasez de divisas, el desempleo, el empobrecimiento y, por último la crisis social. Dura penitencia para quienes nada tuvieron que ver en la comisión del delito.

Malthus decía que cuando la población crece en proporción geométrica y los alimentos en proporción aritmética, el equilibrio sólo puede restablecerse mediante un colapso causado por la hambruna. El Estado maltusiano parece no escapar a esta predicción apocalíptica. México es un caso típico. Costa Rica, Bolivia y Polonia también.

Acaso Francia sea el próximo. Acaso lo sea Argentina. Acaso lo sea Europa, o América, en «1984».

Como Saturno, el Estado maltusiano acaba devorando a su progenie, en este caso, la riqueza social que presuntamente creaba a medida que crecía.