TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXVII, 1986 No. 599

N. D. El Abogado y Economista Dr. Joaquín Sánchez-Covisa (1915-1974) fue profesor de Economía Política y Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela. Durante muchos años dirigió la Revista Orientación Económica y fue asesor de la Cámara de Industriales, la Cámara de la Construcción, la C. A., la Electricidad de Caracas y la Fundación Rojas Astudillo. Este artículo es una adaptación del publicado con el mismo nombre en la Revista Orientación Económica No 24 de agosto 1967.

Las Empresas Mixtas

Por Joaquín Sánchez-Covisa

Es un mito ilusorio que la economía mixta es un sistema intermedio entre la economía de mercado y la economía de planificación central. Un reflejo de esa misma mentalidad se manifiesta en el campo más limitado, pero no menos importante de la organización de las empresas. Es el que ha conducido a la idealización de la empresa mixta.

Las razones de esa idealización son simples. Por una parte, en virtud de que no se comprende la función que desempeñan las utilidades y las pérdidas de las empresas en el racional aprovechamiento de los recursos productivos, se siente una animadversión irracional hacia la empresa privada que orienta su acción hacia la obtención de beneficios. Por otra parte, en virtud de que la empresa pública, pese a las ilusiones que depositó en ella la ideología socialista tradicional, ha comprobado reiteradamente su ineficiencia, se considera, de buena o mala gana, que es de inconveniente aplicación. Tratando, por lo tanto, de evitar el indeseable dilema que plantean estos dos tipos de empresa uno que se anatematiza y otro que no funciona se recurre, como tabla de salvación, a la empresa mixta. Se supone así que la empresa mixta, en la cual colaboran intereses públicos y privados, eludirá los visibles inconvenientes de la empresa pública sin incurrir en los aspectos supuestamente repudiables de la empresa mixta ha de combinar la agilidad de las especies marinas y el atractivo de las mujeres hermosas.

¿Tiene alguna justificación esa manera de pensar?

El concepto de la empresa mixta

Una empresa es una entidad que combina recursos productivos con el objeto de crear bienes o prestar servicios. Desde un punto de vista concreto y estático, es un simple agregado de recursos productivos instalaciones, maquinarias, implementos, mercancías que se materializan en una suma determinada de capital y que son manejados por un grupo de hombres directores, técnicos y trabajadores para la realización del fin económico común. Desde un punto de vista menos visible, pero mucho más importante y trascendental para la comprensión de los procesos económicos, es una unidad de decisión. La empresa es, en efecto, el centro donde se deciden qué bienes se han de producir, los procedimientos técnicos que se han de utilizar, las maquinarias, implementos e insumos que se han de emplear, la mano de obra que se ha de contratar y, en general, la manera como se ha de combinar ese conjunto de recursos para el logro del fin económico respectivo. En ella se concentra, en efecto, el complejo conjunto de decisiones que se adoptan todos los días y aún todos los instantes — en torno a los problemas económicos, tecnológicos, humanos y administrativos que suscita la cooperación de los recursos productivos.

En la llamada empresa privada, el capital lo que representa los bienes de producción está en manos de los particulares y el poder de decisión reside igualmente en los particulares que son los dueños de ese capital. En la llamada empresa pública, el capital pertenece al Estado y el poder de decisión reside en funcionarios o empleados designados directa o indirectamente por el Gobierno o un organismo gubernamental.

¿Qué es, a la luz de esas nociones, la empresa mixta?

Desde el punto de vista de la titularidad del capital, significa que el capital es, en partes iguales o en ciertas proporciones, propiedad del Estado y propiedad de los particulares. Más, desde el punto de vista mucho más importante que se refiere al poder de decisión, no puede significar que ese poder se encuentre distribuido. El poder de decisión no admite división. Es imposible, a menos de llegar a una especie de esquizofrenia económica que destruya las facultades operacionales de la empresa, dividir las decisiones entre los titulares o representantes del capital privado y los titulares o representantes del capital público. Sea cualquiera el procedimiento jurídico o práctico que se adopte, el poder de decisión ha de residir, en último término, en éstos o en aquéllos.

Ahora bien, si el poder de decisión reside en los titulares o representantes del capital público, esto es, en los funcionarios o empleos gubernamentales, la empresa se diferencia muy poco o nada de la empresa pública. Tendrá todos los inconvenientes y deficiencias funcionales que caracterizan a esta clase de empresas. Lo dudoso es que esa empresa pueda conseguir capitales privados en cuantía sustancial. Los particulares no arriesgarán sus ahorros en una empresa que ha de estar manejada de acuerdo con los métodos de la administración pública. Los conseguirá solamente a través de operaciones garantizadas, que no se diferenciarán de cualquier empréstito público, o a través de privilegios o ventajas especiales que compensen el riesgo especial de la inversión.

En el caso, por el contrario, de que el poder de decisión resida en los titulares o representantes del capital privado, que aseguren una firme disciplina económica y administrativa, no será difícil obtener el concurso de capitales privados. ¿Más en tal caso tiene algún sentido la participación de capitales públicos? ¿No es más conveniente para el interés colectivo que esos capitales sean suministrados por los particulares? ¿No es obviamente preferible que los capitales públicos se dediquen a las ingentes e irrenunciables tareas que corresponden total o parcialmente al Estado, como la administración de justicia o el orden público, como la vialidad, la sanidad, la protección de los menores o la educación?

La presencia del capital público sólo se justifica en esas empresas, por razones de fomento y promoción económicas, cuando el Estado destina una parte de sus ingresos al financiamiento de actividades productoras estratégicas. Más aún en ese caso la aportación debe servir solamente para suplir la falta transitoria de capitales privados, y debe retirarse, para promover otras actividades o destinarse a fines de carácter público, cuando existan capitales privados dispuestos a sustituirla.

Como vemos, si se la despoja de ropajes engañosos, la empresa mixta deja efectivamente de ser tal. O se convierte en una empresa pública, más o menos disfrazada, que consigue algún capital privado mediante garantías, privilegios o ventajas especiales. O se convierte en una empresa privada, hacia la cual se canalizan esfuerzos y recursos financieros del sector público que serían más útiles en finalidades donde son irremplazables e indispensables para la colectividad.

Empresa pública y empresa privada

Cuando aludimos a la superioridad de la empresa privada sobre la empresa pública, no somos en modo alguno dogmáticos. No negamos que una empresa pública sometida a reglas económicas y administrativas adecuadas pueda llegar a funcionar con eficiencia. Según algunos, basta para ello que esté dirigida por hombres que sean competentes, que sean honestos y que dediquen a la empresa las energías y los desvelos que le dedica ordinariamente, en resguardo de sus propios intereses, el empresario privado. Merecen, en tal sentido, el más sincero respeto los hombres pocos, pero calificadísimos que dedican sus mejores y más desinteresados esfuerzos a la dirección y desenvolvimiento de las empresas públicas. Más la labor y el sacrificio de esos hombres son, la mayor parte de las veces, tan estimables en términos humanos, como baldíos desde el punto de vista del interés colectivo. Los mejores esfuerzos sucumben generalmente en empresas inevitablemente sometidas al riesgo de presiones, decisiones o cambios políticos. La propia naturaleza de esas empresas impide, retarda o coarta la adopción de decisiones rápidas e importantes, sobre las cuales se basa el desenvolvimiento satisfactorio de la producción y el progreso de la economía de los pueblos. Así, en los casos más favorables, la empresa pública sólo funciona en general aceptablemente en aquellos sectores donde puede eludir la competencia de empresas similares o dando los problemas tecnológicos y económicos son relativamente constantes y previsibles.

Más lo común es que, por unas y otras razones, aún siendo honestamente administrada la empresa pública funcione mal. En tal caso la empresa pública no tiene cómo lo tiene la empresa privada el freno de la insolvencia y de la quiebra, que detiene la actuación de la empresa ineficiente y desplaza de sus funciones a sus dirigentes. La empresa pública posee el singular y trágico privilegio de que puede seguir absorbiendo y dilapidando por tiempo indefinido los recursos de los contribuyentes. ¿Cuántos niños abandonados se han dejado de atender, cuántos adolescentes se han dejado de educar, cuántos enfermos se han dejado de hospitalizar a causa del caudal de fondos que se absorbe y se volatiliza en los déficits y en las inversiones de las empresas públicas?

La superioridad de la empresa privada sobre la empresa pública no se deriva del hecho de que el beneficio privado que dirige las acciones de aquella sea en sí más valioso que el servicio público que preside las actuaciones de ésta. Lo contrario es exactamente la verdad. El servicio público es un objetivo muy superior al beneficio privado. Esa superioridad radica en el hecho de que el incentivo del beneficio y el temor de las pérdidas induce a la mejor organización de la empresa, evita la dilapidación de los recursos, y obliga a satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de clientes y consumidores. Redunda, en suma, en el auténtico servicio del público. Por el contrario, la empresa pública, en la medida que no esté constante e inalterablemente dirigida por hombres excepcionalmente competentes, honestos y activos, desligados de toda presión política y seguros de su práctica inamovilidad, esto es, en la medida en que no concurra un conjunto de circunstancias muy difícil o imposible de realizar tiende inevitablemente a convertirse en una fuente de dilapidación de recursos, cuando no en un modo de favorecer los más torpes y condenables intereses privados. Sacrifica así contra sus propósitos aparentes el interés público a las ilusiones políticas, a la rutina administrativa o a los apetitos personales de unos pocos.

Las alternativas políticas

Es, sin embargo, evidente que la empresa mixta aquella cuyo poder de decisión reside en los representantes del capital privado es, desde el punto de vista del interés general, muy superior a la empresa pública. Cuando, por razones políticas, es preciso elegir entre una u otra, o sustituir una empresa pública por una mixta, es obvio que hay que aplaudir la elección de la empresa mixta. Más, salvo en circunstancias excepcionales, en que la empresa mixta puede tener justificación, lo difícil es entender el hecho de que se plantee esa elección. Se explica solamente por una curiosa confusión ideológica y mental. La elección de ese tipo de empresa mixta responde, en efecto, a la actitud de quienes reconocen en su fuero interno la superioridad de la empresa privada y siguen sin embargo rindiendo pleitesía al ídolo tradicional de la empresa pública.

Es hora de que los hombres de buena voluntad derrumben de una vez los ídolos de arcilla. Esos ídolos han costado ya muchos sacrificios en términos de recursos derrochados y, por lo tanto, en términos de dolor y privaciones de los pueblos. Es hora de comprender que el mecanismo funcional de la empresa privada es indispensable para la racional ordenación de la economía y que el beneficio empresarial es, en su conjunto, un precio muy moderado que paga la sociedad por la buena administración de sus recursos.

Desligar al Estado de funciones inapropiadas en el campo de las actividades productoras y encauzar debidamente su acción hacia los inmensos y complejos sectores que efectivamente le corresponden, no es en modo alguno menoscabar las funciones que le competen en la satisfacción de las necesidades colectivas, en la ordenación de la economía y en la defensa del interés general. Es, por el contrario, asegurar en beneficio de todos, la productividad de la economía y el bienestar de los pueblos. Y es, a la vez, rescatar en su más alto sentido la verdadera dignidad de las funciones inalienables del Estado.

EFICIENCIA Y COMPETENCIA

La mala administración de las empresas estatales no es patrimonio de ninguna nación, ni partido. Es fenómeno que se observa en todas partes. Dondequiera que uno va, podrá darse cuenta de que no obstante su carácter de monopolios, las empresas estatales operan con déficits. Déficits que el Estado se ve obligado a cubrir por medio de subsidios. Subsidios que naturalmente salen de la bolsa del contribuyente y encarecen la vida del consumidor.

«Hay que tomar en cuenta también que, para poder probar la eficiencia de una empresa, hay que probarla en un ambiente de abierta competencia. Donde no hay competencia, o existen privilegios, no se puede afirmar con certidumbre si una empresa está siendo bien administrada o no.»

Hillary Arathoon (1909-1982),

Tópicos de Actualidad, No. 724. Julio 15, 1972.