TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: XXIX, 1988 No. 647
N. D. El Dr. Emilio Maza y Rodríguez es un conocido analista político y columnista. Doctorado en Leyes en la Universidad de la Habana, actualmente profesor en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Francisco Marroquín.
Autor de varias obras de Derecho Constitucional y de Derecho de Integración, en 1980 publicó «Centro América: Entre la Casa Blanca y la Guerra Revolucionaria». En 1983 publicó un nuevo análisis geopolítico del área titulado «Centro América: El Nuevo Escenario». En 1985 publicó Centro América ante La Crisis, y en 1987 el CEES editó su obra «¿Neutralidad Activa o Neutralidad Colaborante?».
Es un columnista habitual del Diario «Prensa Libre». Este ensayo es una contribución exclusiva para el CEES.
¿Diálogo con las guerrillas?
Emilio Maza
Los compromisos adquiridos por los cinco estados centroamericanos que tomaron como base la propuesta del Presidente Arias y que comúnmente se conocen con el nombre de Esquipulas II, firmados en Guatemala el 7 de agosto de 1987 (Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica), eludieron tratar a fondo la cuestión de los grupos armados irregulares, los cuales comprenden los grupos guerrilleros marxistas que actúan en Guatemala y en El Salvador, y los grupos armados que actúan en Nicaragua, en este caso, para restablecer las libertades civiles y eliminar el régimen marxista que se ha adueñado de su país.
En efecto, el compromiso de celebrar un diálogo según se ve en los Acuerdos de Esquipulas II, se refiere a un diálogo «con todos los grupos desarmados de oposición política interna y con aquellos que se hayan acogido a la amnistía». En relación con los grupos armados se exhortó a los gobiernos del área para que «se concierte el cese de las hostilidades» y además dicen los compromisos de Esquipulas: «los gobiernos de dichos estados se comprometen a realizar todas las acciones necesarias para lograr un efectivo cese del fuego dentro del marco constitucional».
De lo dicho hasta aquí, se desprende claramente que los Acuerdos de Esquipulas II, acuerdos que podemos considerar como de naturaleza política, o sea, compromisos políticos, que difícilmente pueden enmarcarse dentro del Derecho Internacional Público, por no tratarse de un convenio o tratado internacional, no obligaba a Guatemala en ningún momento a un diálogo con los grupos guerrilleros marxistas, que desde hace muchos años han ensangrentado el suelo guatemalteco, asesinando principalmente a agricultores y campesinos, practicado el secuestro como sistema para aterrorizar a la población y procurarse fondos para la lucha armada. Sin embargo, sin ningún anuncio previo por el gobierno Democratacristiano, el 7 de octubre de 1987, se reunieron en Madrid representantes de la URNG, que según sus propios representantes aglutina todos los movimientos guerrilleros, y representantes del gobierno. Esta insólita reunión merece algunos comentarios. Desde el inicio del gobierno Democratacristiano, el presidente de la República declaró públicamente que no había posibilidad alguna de diálogo con las guerrillas marxistas de Guatemala si éstas no deponían las armas, se acogían a la amnistía y retornaban a la vida civil, en cuyo caso el gobierno estaría dispuesto a ofrecer toda clase de garantías y a conversar con esos grupos.
Esta posición indiscutiblemente correcta fue mantenida públicamente por el Ejecutivo y los altos dirigentes del gobierno durante mucho tiempo. También durante mucho tiempo la URNG insistió públicamente en un diálogo con el gobierno y la respuesta siempre fue que no se podía «dialogar» con elementos armados, porque ello estada quebrantando el orden institucional, toda vez que el gobierno Demócrata Cristiano era un gobierno legítimamente electo. Desde el punto de vista político, el gobierno había sostenido también, particularmente el presidente de la República, que el pueblo de Guatemala había elegido la vía electoral y no la lucha armada como solución para los problemas del país, y si el pueblo había votado por un sistema constitucional, primero en la Constituyente y después en las elecciones generales. no era posible entablar, ni conversaciones, ni diálogo alguno. Por su parte, se recordará que el Ejército por medio de sus voceros oficiales habrá declarado que «mil o dos mil guerrilleros no pueden imponer condiciones a 8 millones de guatemaltecos».
Hasta aquí la posición del gobierno fue correcta, defendiendo la institucionalidad, y consecuentemente el imperio de la Constitución y de la ley. Estamos absolutamente seguros de que la opinión pública había compartido y respaldado esta actitud del gobierno. Igualmente, la institución armada de la nación.
Pese a todo lo anterior, y como ya señalamos, en forma sorpresiva, el 7 de octubre de 1987, una amplia comisión del gobierno se reunió en Madrid con los más altos representantes de la URNG y aparentemente no se llegó a ningún acuerdo concreto, como no fuera el de continuar con una segunda ronda de negociaciones o de diálogo. El gobierno de Guatemala guardó absoluto silencio y no brindó información alguna sobre esta reunión. En Guatemala se tuvo conocimiento por una amplia información cablegráfica e incluso por una filmación que se hizo de la reunión y que al parecer fue ampliamente difundida en la televisión europea y también mediante la abundante información de prensa en España y en otros países.
Después de esa reunión, la URNG declaró públicamente en distintas publicaciones aparecidas en la prensa local de Guatemala, que esperaba que el gobierno realizara la segunda ronda de negociaciones. El gobierno, por su parte, negó que hubiera intención de realizar una segunda reunión y descartó esa posibilidad. Últimamente la URNG utilizó como vehículo de comunicación a la Comisión de Conciliación Nacional creada al amparo de los Acuerdos de Esquipulas II y pidió a ésta que se dirigiera al gobierno solicitándole la continuación de las conversaciones. En esta oportunidad el gobierno rectificó su conducta, tendiente a ocultar toda esta importante cuestión y respondió públicamente a través de la Comisión, en un anuncio público que apareció en la prensa local el 10 de enero de 1988. El gobierno Demócrata Cristiano ahora fijó su posición de la forma siguiente: «ha habido conversaciones con dicho grupo (la URNG). Estas conversaciones no pueden restablecerse si no hay manifiesta voluntad política de participar en la vida nacional pacíficamente y sin armas». «Si hubiera esa voluntad, expresada ante la Comisión de Reconciliación Nacional, el gobierno aceptaría restablecer conversaciones para propiciar el retorno de dicho grupo de la lucha armada y su participación política dentro del marco de la Constitución…».
No hay duda alguna que la conducta del gobierno expresada en esa posición es correcta puesto que obliga a la URNG a manifestar su intención de deponer las armas y evidentemente las conversaciones tendrían por objeto la liquidación de esos grupos como movimientos armados. Pese a que ahora esa posición es correcta, el daño a la institucionalidad del país está ya consumado. Ningún gobierno de Guatemala había adoptado una postura de reconocer a los grupos armados insurgentes dirigidos y controlados por el marxismo internacional, beligerancia alguna. Pero como hemos señalado, la reunión de Madrid quebrantó la línea correcta y dejó ampliamente reconocida la beligerancia de esos grupos armados, su reconocimiento político, desde el momento mismo en que el gobierno se sentó en la mesa de las negociaciones. El daño está ya hecho, cuyas consecuencias graves aún no han sido comprendidas.
Pocos días antes de producirse la última respuesta oficial a la URNG, las fuerzas armadas en un boletín de prensa habían expresado su oposición a una nueva ronda de conversaciones con la guerrilla. Esa posición fue ampliamente divulgada en los medías informativos de la televisión y recogida en forma resumida por los medios informativos escritos.
Como hemos señalado más arriba, las conversaciones de Madrid representaron un triunfo a nivel político internacional para los movimientos guerrilleros, fuertemente golpeados en los últimos meses por la acción del ejército, que cada vez más los obliga a usar el territorio mexicano como santuario. Es evidente que proseguir la vía de las conversaciones era un terreno resbaladizo para el gobierno Demócrata Cristiano. Sin embargo, el cambio de táctica, negándose a una nueva ronda, prometida y acordada o no, no borra, ni elimina, el daño causado.
Por otra parte, comprometido el gobierno a lograr un «cese al fuego», por los Acuerdos de Esquipulas II, si tales gestiones fueran solamente la culminación de un proceso en el cual las guerrillas procedieran a entregar las armas, su naturaleza esencialmente militar, no tendría calificación política y no repetiría el gravísimo error cometido. Más allá de esta posición, cualquier otra, significará siempre, claudicación, olvido de los millares de vidas sacrificadas por salvar la institucionalidad, la ley y el orden, cobardía y entrega frente al avance del marxismo-leninismo en la región.
«Para el comunista la actividad política será ni más ni menos que una fase, un aspecto, un momento, de la guerra permanente y total. Régimen jurídico y normas legales carecen de validez efectiva, y por ello las elecciones democráticas sólo constituyen un aspecto de la farsa que los explotadores hacen representar al pueblo. Conscientes de la imposibilidad de conquistar el poder con votos y mediante elecciones libres, los comunistas utilizan los procesos electorales como pretextos para el desarrollo de la guerra de clases».
Eudocio Ravines, «Estrategia y Táctica Comunista para América Latina»