TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXXV, 1994 No. 804

El problema de la tierra

Por Juan F. Bendfeldt

Nuevamente se ha puesto en boga el tema de la distribución de la tierra en el agro, se está promoviendo la invasión de fincas, y distintas partes reclaman derecho. sobre los mismos bienes. Hay quienes aseguran, sin molestarse en averiguar si hay algún argumento válido para hacerlo, que la mera concentración de una gran parte de la tierra agrícola en «unas pocas manos» aunque sean miles de por sí exige la intervención de la justicia.

El tema se ha complicado con los planteamientos de algunos Obispos y religiosos que hablan y piden el cambio de estructuras quisiéramos creer que no saben lo que hacen y de otros que aparentemente han involucionado hacia un panteísmo mágico neo-maya que les hace clamar por el maíz sagrado. Los planteamientos de los movimientos guerrilleros de sus organizaciones de propaganda han ya identificado el «conflicto de tierras» como un vehículo para crear las condiciones objetivas para su siguiente etapa de juegos dirigidos desde Paris y México. Y para el colmo de males, el internacionalismo ya creó el producto promocional del neo-mayismo para Guatemala, acompañado del Convenio 169 de la OIT, con lo que los conflictos históricos han comenzado a surgir con las reclamaciones de las tierras ancestrales.

Por supuesto que hay conflictos de tierras en el país, pero no necesariamente vinculados a la temática de la coyuntura política. Estas reflexiones son un llamado a enfocar lo que se ha dado en llamar «el problema de la tierra» dentro de un marco de análisis institucional.

Todas las culturas que han sobrevivido las pruebas de la historia, en algún momento de su desarrollo, descubrieron las normas de convivencia que pueden quedar resumidas en el concepto de «propiedad». Nadie, en la tradición Occidental, pone en tela de juicio la validez de la propiedad primaria que cada persona tiene sobre sí misma, sobre sus capacidades y sobre sus pensamientos. Incluso, desde la abolición de la esclavitud, se reconoce que el trabajo y su potencial como un valor de cambio es propio de la persona: es suyo.

Todavía existe alguna controversia, sin embargo, cuando queremos extender ese concepto de propiedad a aquellas cosas que resultan del fruto de nuestro trabajo cuando éste lo mezclamos con los bienes de la naturaleza. Esa propiedad sobre los bienes externos, que es una extensión de la propiedad primaria, puede designarse secundaria, pero no por ello es menos importante. Lo segundo simplemente viene después de lo primero.

La propiedad de la tierra, de los animales, de las aguas, y de bienes naturales tan extraños como lo es el espectro radio magnético, es una simple extensión de las facultades de la persona humana. Las personas nos «apropiamos» de aquellos bienes que están libres en la naturaleza y los hacemos nuestros con nuestra perspicacia para descubrir su potencial valor como satisfactores de necesidades, y con nuestro trabajo para transformarlo en un bien útil al que podemos recurrir.

En la medida en que la noción de la escasez nos elude por la relativa abundancia de los bienes de la tierra, la apropiación individual no tiene mayor consecuencia para otros en la misma sociedad. Hay tanto que no es juicioso disputar por la leña ya cortada cuando hay más árboles disponibles para cualquiera. Lo mismo se puede decir del agua y de la tierra, y de todos los demás bienes externos naturales.

Resulta antieconómico hacer cercados y tomar más de lo necesario, pues en la natura hay tanto disponible que basta un simple esfuerzo para tomarlo. La tenencia comunal de los bienes externos resulta así factible. Todas las culturas a lo largo de su desarrollo han pasado por razones prácticas, no ideológicas, por el sistema de normas y valores culturales del comunalismo.

Es distinto, sin embargo, tomar aquello que ya ha sido apropiado por otros que tomar de lo que está libre en la naturaleza. El bosque se declara comunal, pero no la leña ya cortada que se declara propia de quien la cortó. El respeto a lo ajeno comienza a surgir desde el inicio para evitar la confrontación y alcanzar la paz en la convivencia con otras.

Todas las culturas que han sobrevivido los milenios, apoyadas por los mandamientos de todas las grandes religiones, le han dado un lugar importante a las normas morales que afirman, defienden y promueven el respeto a lo ajeno. Las culturas que adoptaron normas anti-propiedad, o que no evolucionaron del comunalismo, pasaron al ocaso como fracasos sociobiológicos. Los experimentos marxistas-leninistas no son sino la más reciente versión de ese error. En el proceso de evolución cultural las instituciones del orden social van transformándose, gradualmente, conforme se enfrentan nuevos problemas por resolver. El crecimiento de la población es una fuerza importante en ese proceso; la adaptación a nuevas circunstancias en el ambiente natural sea por migración o por cambios en el propio entorno, también genera los procesos de adecuación y descubrimiento de nuevas normas. Las condiciones económicas de una escasez creciente exigen un mejor uso de los recursos.

De la misma forma, se exige un más riguroso apego a las normas morales pues su violación deja de ser materia exclusiva de la moral; ello es porque las consecuencias negativas de las acciones individuales en los demás se vuelven graves, indeseables y hasta ponen en riesgo la mera supervivencia del grupo. Las normas de trato recíproco se convierten en derechos y responsabilidades, y la comunidad establece procedimientos para erradicar los casos que la ponen en peligro al alterar el orden público y la paz. Surge así un sistema de derechos, de Ley y de justicia.

El abandono gradual del comunalismo y sus normas primitivas de apropiación no se debe a cuestiones ideológicas, sino prácticas. Se busca la convivencia pacífica de un grupo más numeroso ante una creciente escasez de recursos naturales. Es así corno aparece el derecho de propiedad, que. en su sentido más amplio, cubre todos los derechos.

El paso gradual del comunalismo a los derechos de propiedad sucede precisamente para resolver los crecientes problemas económicos que crea una menor cantidad de recursos disponibles ante una población que crece. Como esa frontera no se cruza al mismo tiempo en todos los bienes naturales, primero aparecen los derechos de propiedad sobre los animales (la domesticación), luego sobre la tierra (la agricultura), eventualmente sobre el agua. En el final del siglo XX estamos discutiendo la extensión de derechos de propiedad sobre el mar y sus riquezas, sobre el subsuelo profundo, sobre el espectro radio-magnético, sobre las ideas e incluso sobre el aire que respiramos en los centros urbanos.

La ciencia económica ha demostrado cómo la interacción social que persigue la satisfacción de necesidades se desarrolla con más amplitud, con más eficacia y con una complejidad inimaginable cuando existe un marco de derechos de propiedad bien definidos, seguros y con libertad para ser transados pacíficamente. El proceso institucional que comprende todas esas acciones ha recibido el nombre de «el mercado».

Esta relación entre derechos de propiedad y eficiencia económica es lo que caracteriza a todas las sociedades más prósperas y pacíficas. En ellas, de forma gradual y espontánea, la gente que se dedica a la producción de alimentos es cada vez una proporción menor. La gente que se dedica a hacer todas las demás cosas que asociamos al progreso es cada vez mayor. El traslado de la mayor parte de la población a los centros urbanos la urbanización es un proceso paralelo. No por ello se reclama que en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, sea una condición injusta o indeseable el que la casi totalidad de la tierra agrícola se encuentre en manos de menos del 2% de la población. Es ahí donde se encuentra también que el nivel de vida de la gente del campo es el más alto del mundo. Es ahí en donde la productividad de la misma tierra, con menos campesinos, es tan abundante que los excesos de producción alimentaria se han convertido en un problema a pesar de que la población total ha aumentado. Está llegando a pesar de que enormes extensiones de tierra agrícola, aprovechada ya por muchas generaciones, está siendo devuelta a la naturaleza, pues ya no se requiere para las siembras.

Para que las instituciones evolucionen se requiere de cierto grado de tensión social que hace evidente que las normas ya no están funcionando bien, ni contribuyendo a resolver los problemas prácticos que resultan de la interacción humana. Los conflictos que aparecen por la competencia por los recursos, o los que aparecen por las consecuencias negativas o costos externalidades que proyectamos a otros con el uso de nuestros recursos, o la necesidad de resolver a qué usos prioritarios destinamos una cantidad de bienes relativamente más escasos, hace que cuestionemos continuamente el marco institucional.

Por no comprender que los derechos de propiedad han surgido de la evolución cultural como un mecanismo precisamente para enfrentar pacíficamente esos conflictos, y por no comprender que la economía de un mercado libre asigna mejor los recursos más escasos, caemos en la tentación de querer resolver los problemas con fórmulas de redistribución.

Cualquiera de ellas requiere establecer una autoridad demasiado poderosa para ser compatible con una sociedad de hombres libres. Cualquier fórmula de redistribución genera violación a los derechos de propiedad, y por ende, causa un debilitamiento del marco institucional jurídico y económico.

El conflicto que buscaba resolver, evitando la violencia, lo instituye y enraíza la violencia.

Ello es inevitable porque el mecanismo de abuso de poder es la usurpación de la ley. Las leyes se convierten en legalizadoras de lo ilegítimo. El sistema político se transforma en una competencia por el control de la fábrica de leyes, creando grupos sociales de ganadores y de perdedores.

Lo peor, sin embargo, es que nadie, ni el grupo mejor intencionado y mejor asesorado, puede llegar a poseer y a manejar el tipo y cantidad de conocimientos que el mercado libre procesa y resuelve. El sistema de la redistribución produce una inevitable mala asignación de los recursos ya de por sí escasos, le que agrava y perpetúa el problema de la pobreza. Esa es la lección que el siglo XX aportará a la historia de la humanidad cuando se estudie el colapso de la órbita soviética del Segundo Mundo.

El otro camino es no caer en la tentación redistributiva. Parte de reconocer que el derecho de propiedad y el mercado presentan la posibilidad de enfrentar los problemas que están saliendo a luz. Reconociendo el carácter evolutivo de las instituciones, la búsqueda de soluciones nos lleva a definir mejor los derechos existentes, a resolver los conflictos de derechos legítimos, a evitarlos en el futuro, a transformar las instituciones jurídicas que hacen funcionar los derechos mejor en un sistema de transacciones voluntarias, y a buscar la forma de financiar el sistema de preservación y protección del derecho de propiedad y de la propiedad en sí.

Para comprender mejer la institución del derecho de propiedad y su eficiencia económica es necesario examinar tres aspectos relacionados con su funcionamiento en la interacción social. Estos son: a) La definición del derecho y su certeza jurídica, b) Su seguridad y protección en los negocios y actos jurídicos, así como en los juzgados, y c) Que sean plenamente transferibles.

El mercado funciona mejor cuando:

a) Los derechos de propiedad están bien definidos. Esto se debe a que las personas tienen una idea más clara de las acciones que pueden tomar respecto a sus bienes, así como qué esperar de los demás. La ley general define el límite del derecho con la interacción social. Facilita la aclaración de conflictos, reduce la ignorancia y la falta de certeza sobre los derechos de otros. Se promueve la búsqueda individual de las mejores oportunidades para el aprovechamiento de la tierra.

b) Los derechos pueden ser defendidos y protegidos. Esto reduce los riesgos o costos de perder lo invertido en el uso y protección de la tierra. Cuando existe inseguridad jurídica y falta de certeza en los planes que se proyectan al futuro, se impide la formación de expectativas racionales de largo plazo. Esto induce a un aprovechamiento de la tierra más intenso que lo necesario y a no preocuparse por el futuro. Las ideas de conservación, preservación, renovación e inversión solamente tienen sentido si el futuro está razonablemente asegurado.

c) Los derechos son plenamente transferibles. Esta facultad permite al dueño maximizar siempre y en todo momento sus oportunidades de transferir su derecho a otros a cambio de otros bienes. Si se asume que ya estaba haciendo el mejor uso posible del momento, la reasignación traerá un aprovechamiento más valioso. El valor de un bien en el mercado lo da su potencial intercambio por otros bienes.

Cuando está funcionando bien el marco institucional que soporta el ejercicio del derecho de propiedad, el mercado también está funcionando mejor.

Los conflictos de la tierra en Guatemala no son, como se les quiere presentar oportunistamente en el momento actual, un problema entre campesinos indígenas y hacendados de origen extranjero cuyos ancestros vinieron en algún momento de los últimos 500 años. Tampoco son conflictos por falta de tierras porque todos queramos ser campesinos y tener nuestra parcela para sembrar maíz, lo que no sería sino una involución.

Si se observan los problemas del campo, encontramos que ya hay grandes extensiones de tierra <reformada> durante los últimos 40 años que, aún siendo ubérrima, paradójicamente se ha vuelto improductiva. En ella los campesinos son pobres, aunque estén sobre una fuente de riqueza. Lo usual es encontrarnos que no tienen títulos plenos, solamente las actas de entrega que algún presidente en campaña de popularidad pasó dando para salir en el diario. Los experimentos sociales que tenemos vigentes van desde las granjas colectivas al estilo ruso, pasan do por el modelo yugoslavo, hasta arribar al neofeudalismo de las fincas del agitador religioso Andrés Girón.

Los más grotescos incidentes de violencia en el agro han sido los conflictos entre poblaciones indígenas. Pueblos enteros masacrados y arrasados por problemas de indefinición de linderos de tierras cuyos orígenes vienen de conflictos precolombinos. Basta leer «los Anales de los Cakchiqueles» para comprender las raíces profundas de los conflictos del altiplano. Hoy se dice que los indígenas no son sujetos de crédito, y que por eso no pueden salir de la miseria, ni tecnificarse. Si sus tierras ancestrales, hoy metidas entre los bienes cubiertos por títulos comunales, fueran retituladas como propiedad particular, registradas a favor de sus verdaderos dueños, el capital social del país entero se multiplicaría varias veces de valor ¿Por qué las viudas del altiplano han pasado miseria y no pueden retener la tierra para sus hijos? Porque el sistema primitivo comunal hace que las tierras de los varones muertos devuelva a la comunidad. ¿Por qué los miles de campesinos que fueron obligados a refugiarse en México no pueden regresar a sus tierras? Porque éstas fueron invadidas por nuevos campesinos, o porque la comunidad las asignó a otros que no se fueron. ¿Por qué los jóvenes encuentran muy difícil salir en busca de oportunidades? Porque tal aventura representa la pérdida de lo poco que podrían. llegar a heredar.

Además, están los conflictos de quienes han titulado para sí, con maña, tierras que ya tenían

dueño, aunque sus derechos no hubieran estado reconocidos en ley. También he escuchado a varios notarios decir que la suma del área de todas las fincas registradas es varias veces el área del territorio nacional. Semejantes errores solamente ilustran el alto grado de probabilidad de conflictos.

No se niega aquí que existan numerosos conflictos de tierras en el país. Es de esperar, pues la población ha crecido y la cantidad de tierra disponible es la misma. Ya llegamos a la frontera agrícola y si seguimos cortando los bosques y utilizando tierras marginales no aptas para las siembras, el desastre ecológico sobrevendrá. Lo que se pide es que se enfrenten los problemas que existen, y que son de fondo, y no solamente aquellos que son de interés político de coyuntura, gestadas por una minoría, y muchas veces desde el extranjero. Se sugiere aquí reforzar el Estado de Derecho, reformando el marco institucional que permitirá enfrentar el desafío de buscar la eliminación de la pobreza, la ampliación de oportunidades, y la búsqueda de la paz.

Esto se propone lograrlo mediante: a) Modernización, tecnificación y descentralización a nivel departamental del Registro de la Propiedad. b) Un levantamiento catastral completo, con procedimientos administrativos para resolver los problemas de linderos ofreciendo apoyo técnico a la gente, c) La creación de los Juzgados de Tierras en donde se resolverían las disputas derivadas de errores de medidas, errores de inscripciones, traslapes de derechos, conflictos originados en la multiplicidad de derechohabientes, y otros actos de justicia pronta y eficaz que los conflictos de tierra demandan. Podrían facilitarse sus funciones si se aprueban procesos de arbitraje privado con el mismo propósito. Los Juzgados de Tierras, a nivel municipal y departamental, deben incorporar servicios de agrimensura y topografía, y estar en capacidad de desplazarse al lugar del conflicto. d) Un proceso de titulación de la tierra que está pacíficamente en manos de particulares, hasta llevarla al más alto grado de formalización legal, lo que incluiría dejar en libertad a los indígenas para que decidan si quieren mantener o abandonar el ineficaz sistema de tenencia comunal de sus tierras. Hoy lo tienen prohibido, lo que explica en gran parte su pobreza.

Por último, se propone el traslado definitivo y el cambio de concepto del Impuesto Único sobre Inmuebles para que se convierta en un arbitrio municipal únicamente sobre la tierra. El tributo sobre la tierra generaría el financiamiento del cambio institucional que antes se propone.

El clamor por la tierra es realmente el clamor por una vida mejor, próspera y pacífica. Conceder tierras a algunos, a expensas del derecho, solamente destruye las posibilidades de alcanzar lo que deseamos.