TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: XXXV, 1994 No. 812
N. D. El señor M. Stanton Evans es director del Instituto de Educación e Investigación y del Centro Nacional de Periodismo en Washington D. C. Este Centro entrena a jóvenes y alumnos destacados, aspirantes a reporteros, en periódicos tales como Detroit News, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, C-Span, Evans-Novak y The Associated Press entre muchos otros.
El señor Evans ha sido Editor en Jefe de Human Event, y editor en National Review, y en The Indianapolis News. Por muchos años ha sido columnista en Los Angeles Times, ha escrito varios libros entre los que destacan: Revolt on the Campus. The Future of Conservatism: From Taft to Reagan and Beyond, y Clear and Present Dangers: A Conservatives View of Americas Goverment.
Este artículo es una traducción y resumen del artículo publicado en la edición de abril de 1995 de IMPRIMIS y fue publicado en forma original en el libro. The Theme Is Freedom: ReIigion, Politics, and The American Tradition, (Regnery, 1994). También apareció en la edición deI 23 de enero de 1995 en National Review.
El señor Evans argumenta en este artículo que. los fundadores (de la nació estadounidense) pretendían que la Primera Enmienda (a la constitución de los. Estados Unidos de América) protegiese a la religión del gobierno. Ofrece evidencia histórica para apoyar esta postura y para refutar la lección de historia liberal (este término se usa en sentido estadounidense para identificar a la ideología de izquierda que aboga por la existencia de un Estado Benefactor e Intervencionista), la cual enseña que la religión y la libertad están en conflicto.
Las raíces religiosas de la Libertad
Por M. Stanton Evans
Como sugiere el renovador debate sobra la oración en las escuelas públicas, el conflicto cultural de la era moderna se enfoca en una forma vivida y duradera en la discusión legal sobre el rol adecuado de la región en el orden cívico. Aquí la batalla es abierta, sin tregua, y generalizada con la retirada de las creencias tradicionales y las costumbres ante el ataque secular sobre nuestras cortes y otras instituciones públicas.
Durante las últimas tres décadas, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictado una serie de fallos que decretan una «pared de separación» entre los asuntos de estado y los preceptos religiosos. En el más controversial de estos casos, en 1962, la Corte dictó que una oración oficial reducía nuestras libertades. En su totalidad, esta oración versaba así: «Omnipotente Dios, reconocemos nuestra dependencia de Ti y te rogamos que nos bendigas a nosotros, a nuestros padres, a nuestros maestros, y nuestro país». La Corte opinó que esta súplica estaba relacionada a la prohibición en contra del establecimiento de religión» incluida en la Primera Enmienda, lógica que fue posteriormente extendida a la lectura de la Biblia y la recitación del Padre Nuestro en el aula.
Al adoptar la Primera Enmienda, según la Corte, los Fundadores pretendían cortar toda conexión entre la fe religiosa y el gobierno, requiriendo que la religión fuese un asunto puramente privado. Como dijo el juez Hugo Black en una frase comúnmente citada «La cláusula de «establecimiento de religión» en la Primera Enmienda quiere decir por lo menos esto: Ni un estado, ni el gobierno federal, pueden formar una iglesia. Ninguno puede pasar leyes que ayuden a una religión, ayuden a todas las religiones, o privilegien a una religión sobre otra. Ningún impuesto, en cualquier monto, pequeño o grande, puede ser grabado para apoyar cualquier actividad o institución religiosa, sin importar cómo se llame o qué forma adopte para enseñar o practicar la religión».
DE TELA ENTERA
La primera enmienda descrita por el Juez Black y otros jueces liberales es, desafortunadamente, un invento. La supuesta historia de la Corte Suprema es un ejemplo clave de cómo se escogen elementos del pasado para satisfacer la moda ideológica del presente. La historia de la fundación de esta nación demuestra que la corte y sus allegados han interpretado mal los hechos materiales sobre el tema en todas las maneras posibles.
Para empezar, documentos estatales, arreglos legales, y comentarios políticos de la generación fundadora demuestran que la cultura americana de ese período estaba permeada por la doctrina religiosa. El mismo concepto de «establecimiento de religión» lo comprueba. Este término tenía un significado específico en Inglaterra y las colonias que es crítico para entender el debate sobre la Primera Enmienda. Significaba que la iglesia oficial que ocupaba una posición privilegiada con el estado estaba investida con algunos poderes denegados a otras, y que era apoyada por las arcas públicas.
LAS IGLESIAS ESTATALES
En 1775, por lo menos nueve colonias tenían arreglos de este tipo. Massachusetts, Connecticut, y Nueva Hampshire tenían sistemas locales de establecimiento de religión en favor de los congresionistas. En el Sur, desde Maryland hacia abajo, los establecimientos era episcopales. En Nueva York, había un sistema de apoyo local a religiosos protestantes. Dado a que aumentó la diversidad religiosa dentro de los estados, creció la presión para desestablecer a estas iglesias oficiales. En particular, numerosos baptistas y presbiterianos lograron aventajar su posición en relación a la anglicana, la cual fue debilitada aún más por la identificación de los ministros episcopales con los ingleses.
Aun así, en la época en que se realizó la Convención Constitucional, los tres estados de Nueva Inglaterra todavía tenían sus establecimientos congresionalistas. En otros estados, permanecía una red de apoyos oficiales a las creencias religiosas, principalmente el requisito de que uno profesara algún tipo de doctrina cristiana para poder optar a un cargo público o gozar de otro privilegio legal. Con variaciones locales, éstas generalmente tendían en esta dirección, y con lecturas instructivas, a la par de los comentarios de los Jueces Black y Souter sobre la supuesta historia de nuestras instituciones.
Apoyo oficial a la fe religiosa y los requisitos religiosos estatales para ocupar puestos públicos persistieron mucho después de la adopción de la Primera Enmienda. La iglesia establecida de Massachusetts no fue abolida sino hasta 1833. En Nueva Hampshire, el requisito de que uno debía ser protestante para servir como congresista continuó hasta 1877. En Nueva Jersey, los Católicos Romanos tenían prohibido ocupar cargos públicos hasta 1844. En Maryland, la condición de que uno debía ser cristiano duró hasta 1826. Tan tarde como 1835, uno tenía que ser protestante para ser empleado público en Carolina del Norte; hasta 1868, el requisito fue que uno debía ser cristiano; de allí en adelante, que uno tenía que creer en Dios.
La sanción oficial hacia la creencia religiosa provista por los estados también era aparente a nivel federal, durante y después de la Revolución. Ruegos por intervención divina, días de ayuno y oración, y otras costumbres religiosas eran comunes en el Congreso Continental. Entre sus primeras medidas, en 1774, el Congreso decidió nombrar un capellán y abrir sus sesiones con una oración. Cuando se objetó que esto podría ser problemático por la diversidad de creencias en doctrinas religiosas, Sam Adams respondió que: «Yo no soy un fanático. Yo puedo escuchar la oración de un hombre de piedad y virtud, quien a la vez es amigo de su país».
LA PARED QUE SE DERRUMBA
Así era el cuerpo doctrinal y la costumbre oficial que rodeó a la Primera Enmienda inmediatamente antecediéndola, adoptada mientras ésta era sujeto de discusión y voto y durando mucho después de que estuviese en los libros. El panorama que resulta es muy distinto de cualquier noción de una América como un país gobernado por secularistas y deístas. Tampoco parece ser un país en el cual los poderes gobernantes están empeñados en crear una «pared de separación» entre iglesia y estado, negando el apoyo oficial a los preceptos de la religión.
Estas son las circunstancias que rodearon la moción de Madison del 8 de junio de 1789, para introducir una serie de enmiendas a la constitución, destiladas de propuestas de las convenciones. Entre las medidas que ofreció estaba ésta relacionada al establecimiento de religión: «Los derechos civiles de nadie serán coartados a causa de creencia religiosa, ni se establecerá una religión nacional…». En vista al peso que se ha dado a las opiniones personales de Madison sobre el tema, sus comentarios en esta ocasión son de especial interés. Por ejemplo, cuando Roger Sherman cuestionó porqué estas garantías eran necesarias, Madison dijo que: «él comprendía que el significado de las palabras era que el Congreso no establecería una religión, ni exigiría su acatamiento por fuerza de la ley, ni obligaría a hombres a adorar a Dios en cualquier forma contraria a su conciencia. Si las palabras eran necesarias o no, él no quiso decir, pero habían sido requeridas por algunas convenciones en los estados, que parecían tener la opinión de que (bajo la cláusula de «necesaria y conveniente»), el Congreso podría infringir sobre los derechos de conciencia y establecer una religión nacional; él asumía que la enmienda estaba supuesta a prevenir estos efectos, y él pensaba que ello quedaba tan claro como la naturaleza del lenguaje lo permitía.
En éste y otros intercambios, el debate en la Casa de Representantes aclaró dos cosas sobre la Declaración de Derechos y sus cláusulas religiosas:
1) Madison introdujo las enmiendas no porque él pensó que eran necesarias, sino porque otros si, y porque él había prometido actuar según sus deseos;
2) El objetivo era sí de prevenir que el Congreso estableciera una religión «nacional» que amenazaría la diversidad religiosa de los estados. Dada la variedad de prácticas que hemos descrito, desde los establecimientos y requisitos doctrinales hasta la relativa tolerancia, cualquier religión «nacional» hubiese sido fuente de airada discordia.
Con este trasfondo, el significado de la cláusula de establecimiento tal y como salió de la conferencia debería quedar claro: «El Congreso no hará una ley en relación al establecimiento de religión». La agencia a la cual se le prohíbe aduar es la legislatura nacional; lo que se le prohíbe hacer es pasar una ley «relacionada» al establecimiento de la religión. En otras palabras, al Congreso se le prohibió del todo legislar en torno al establecimiento de iglesias tanto a favor como en contra. Se le prevenía en contra de fundar una iglesia nacional; lo que es lo mismo, se le prevenía en contra de interferir con las iglesias establecidas en los estados.
ESCUDO CONVERTIDO EN ESPADA
Aunque esta historia es nublada e ignorada, no es un secreto, y sus rasgos generales son reconocidos algunas veces por interlocutores liberales. Pueden conceder, por ejemplo, que la intención de la Primera Enmienda era ser una prohibición al gobierno federal. Pero esa garantía fue supuestamente ensanchada por la Enmienda Catorce, la cual «aplicaba» la Declaración de Derechos en contra de los estados. Así, lo que una vez fue prohibido únicamente al gobierno federal, ‘también es prohibido a los estados.
Aquí nos topamos con el concepto Orwelliano de «aplicar» la protección de los estados como un arma en su contra utilizando la Primera Enmienda para lograr exactamente lo que buscaba prevenir. La legitimidad de este revés ha sido convincentemente criticada por académicos constitucionalistas como Raoul Berger, Lino Graglia, y James McClellan. Pero para los fines de este documento, supongamos simplemente que las restricciones de la Primera Enmienda sobre el Congreso se «aplican» a los estados. ¿Entonces qué? ¿Qué prohíbe esto?
Una cosa que sabemos con seguridad es que no prohíbe la oración patrocinada por la autoridad. Como hemos visto, el Congreso mismo practicaba la oración oficial, subsidiada por los impuestos, con todo y capellanes oficiales y asalariados, desde el inicio y sigue haciéndolo hoy día. En efecto, en una de las grandes ironías de este resumen histórico, vemos que esta práctica está estrechamente ligada a la aprobación de la Primera Enmienda, lo cual provee una refutación tan definitiva como puede ser deseada a la posición de la Corte Suprema.
El lenguaje que había sido sujeto de discusión durante el verano y luego fue pulido en una conferencia, fue aprobado finalmente por la Casa de Representantes el 24 de julio de 1789. Al día siguiente, la misma Casa de Representantes pasó una resolución convocando a un día nacional de oración y de acción de gracias. Aquí está el lenguaje que adoptó la Casa: «Reconocemos con corazones agradecidos los muchos favores singulares de Dios Todopoderoso, especialmente por darles la oportunidad pacífica de establecer un gobierno constitucional para su seguridad y felicidad».
Por consiguiente, la Casa solicitó al presidente Washington que emitiera una proclamación designando un día de oración y de acción de gracias (el origen de nuestro actual feriado legal «Thanksgiving»). esta fue la respuesta de Washington:
«Es la obligación de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer Su voluntad, agradecer Sus beneficios, y humildemente implorar Su protección y auxilio. Ese gran y glorioso Ser es el autor benéfico de todo el bien que fue, es, o será, quien nos permite unirnos, pues, para rendirle a El nuestro sincero y humilde agradecimiento por Su amable cuidado y protección del pueblo».
Tales eran los sentimientos oficiales del Congreso y el presidente inmediatamente después de adoptar la Primera Enmienda. Estas declaraciones son mucho más doctrinales y enfáticas que la modesta oración que los niños escolares tienen prohibido recitar porque supuestamente viola la Primera Enmienda. Si aceptamos el razonamiento de la Corte moderna, como observa Robert Cord, tanto el Congreso como George Washington violaron la intención de la Primera Enmienda desde su principio.
La conclusión más lógica, por supuesto, es que el Congreso sabía mucho mejor lo que significaba el lenguaje adoptado el día anterior de lo que lo sabe nuestra egocéntrica y evolucionante Corte dos siglos después. Y a criterio del Congreso, no había nada en la ley, o en la lógica, que le prohibiera practicar la oración oficial, patrocinada por impuestos, en esa o en ninguna época. Consecuentemente, la enmienda no puede prohibir a los, estados que hagan lo mismo.
MADISON Y JEFFERSON
A todo esto, la respuesta liberal es, esencialmente: James Madison. Cualquiera que sea la historia legislativa, se nos informa, en sus posteriores escritos, Madison adoptó posiciones doctrinarias en favor de la separación de Estado e iglesia, y éstas deben influenciar nuestra lectura de la Primera Enmienda. Esto, sin embargo, pone el asunto patas arriba. Claramente, si el Congreso que pasó la Primera Enmienda, y los estados que la ratificaron, no estaban de acuerdo con las nociones privadas, más rigurosas, de Madison, y seguramente no lo estaban, entonces éstas no fueron promulgadas. Lo que define el propósito de una ley o provisión constitucional es el común entendimiento de las partes interesadas, y no las ideas de un solo individuo, especialmente aquellas expresadas en otro contexto.
Además, la obsesión de la Corte con las ideas particulares de Madison es altamente sospechosa. Contrasta extrañamente con el trato justo de sus denegaciones en el debate de la Casa (de Representantes) y con sus opiniones sobre otros temas constitucionales. Madison abrigaba posturas estrictamente construccionistas sobre la extensión del poder federal, argumentando que la Constitución reservaba autoridad no delegada a los estados. Estas opiniones de Madison son enteramente descartadas por la Corte en relación a la Primera Enmienda, aunque las opiniones que más tarde pronunció al respecto no fueron endosadas por los otros involucrados en su adopción. Por el otro lado, no se le cita en cuanto a los poderes residuales de los estados, aunque sus comentarios sobre estos otros partidarios de la Constitución, y utilizados por las personas que votaron en favor de su aprobación. Es difícil encontrar un hilo de consistencia en esto excepto el de servir a la ideología liberal.
Tan peculiar como el uso selectivo de los escritos de Madison, es el hecho de que la Corte recurre a Jefferson. La anomalía aquí es que Jefferson no fue miembro de la Convención Constitucional, ni del Congreso que estudió la Declaración de Derechos, ni de la convención de ratificación de Virginia. Pero él tenía opiniones estrictamente separatistas (hasta cierto punto) y había trabajado con Madison para des establecer (la religión oficial) y en favor de la libertad religiosa en Virginia. Para la Corte, esto prueba que la Primera Enmienda encarnaba el comentario de Jefferson de 1802, en una carta a los baptistas de Connecticut, sobre una «pared de separación».
Otra vez nos topamos con la lógica de Lewis Carroll, en éste caso deduciendo la intención de una enmienda adoptada en 1789 de una carta escrita 13 años más tarde por una persona que no desempeñó un papel oficial en su adopción. En lugar de detenernos en esta rareza, simplemente iremos a los hechos para ver verdaderamente qué dijo Jefferson sobre la Primera Enmienda y sus cláusulas religiosas. En su segundo discurso de inauguración, por ejemplo, dijo:
«En materia de religión, he considerado que su libre ejercicio es colocado, por la Constitución, independientemente de los poderes del gobierno general. Por lo tanto, en ninguna ocasión he prescrito las prácticas religiosas que se le adaptan. Pero las he dejado como la Constitución las encontró, bajo la dirección o disciplina de las autoridades de los estados o las iglesias reconocidas por varias sociedades religiosas».
Jefferson puso empeño en lo mismo pocos años más tarde, en una carta dirigida a un religioso presbiteriano, quien indagaba sobre su actitud hacia proclamaciones en el día de Acción de Gracias:
«Considero que el gobierno de los Estados Unidos está prohibido de entremeterse con instituciones religiosas, sus doctrinas, disciplinas, o ejercicios. Esto proviene de la provisión de que ninguna ley será hecha en relación al establecimiento de religión o al libre ejercicio de la misma, pero también de aquella que reserva a los estados poderes no delegados en los Estados Unidos. Seguramente, ningún poder sobre disciplina religiosa ha sido delegado en el gobierno general. Debe descansar sobre los estados, tanto como puede descansar sobre cualquier autoridad humana».
La irresistible conclusión es que no había una pared de separación entre la afirmación religiosa y el gobierno civil en los varios estados, ni es posible que la Primera Enmienda, con o sin la Enmienda Catorce, fuera dirigida hacia la creación de una. La pared de separación era entre el gobierno federal y los estados, y su intención era la de asegurar que la autoridad central no se entremetiera con las costumbres en jurisdicciones locales.
Desde el punto de vista de ley constitucional, la posición de la Corte en estos casos de religión es una ruina intelectual la más descarada jurisprudencia orientada hacia la obtención de resultados. Un escándalo aún mayor es hasta qué punto han redactado el registro oficial para apoyar una conclusión preconcebida: una interpretación digna de regímenes en los cuales la historia se talla a los intereses de los Poderes gobernantes. De hecho, el acuerdo constitucional americano culminando e incluyendo a la Primera Enmienda fue el trabajo de personas que creían en Dios, y que expresaban su fe como algo corriente a través de la oración pública y otras costumbres gubernamentales.
Tradujo: Carroll Ríos de Rodríguez