TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: LXV, Marzo 2024 No. 1,135
Indigenismo e intervencionismo
Por Daniel Rodríguez Carreiro
En el ámbito de la teoría política contemporánea, una de las corrientes más relevantes, histórica y actual al mismo tiempo es la relacionada con el indigenismo en América Latina. Desde que los españoles llegaron al Nuevo Mundo comenzó un largo debate, que llega hasta nuestros días y abarca temas tan importantes como la naturaleza de los derechos humanos, las consecuencias del colonialismo, el fundamento del derecho internacional o la función que debe cumplir el Estado en relación con las diferentes culturas existentes en el mismo.
En este largo proceso de pensamiento y reflexión, el indigenismo experimentó una serie de cambios y mutaciones teóricas, de acuerdo con las tendencias intelectuales que triunfaban en los diversos momentos históricos. Por eso podemos afirmar que no existe una única teoría política sobre tal tópico, sino muchas, que comparten como punto de convergencia la preocupación por la situación política y social de las poblaciones indígenas de América Latina. Sin embargo, una característica que une a gran parte de las aproximaciones al indigenismo es el acusado intervencionismo estatal, que promovieron sus defensores, desde diferentes posiciones ideológicas.
Tras la declaración de la independencia, muchos intelectuales latinoamericanos intentaron aplicar principios liberales a las estructuras políticas de las nuevas naciones independientes y a su relación con las poblaciones indígenas. Así, por ejemplo, José del Valle, que tenía raíces indígenas y españolas, y defendía desde posiciones similares a las del liberalismo conservador de Burke, la importancia de la cultura indígena como parte importante del proceso de mestizaje que daba lugar a la nueva nación de Guatemala, se oponía a la discriminación de los indígenas y a la separación en castas que se produjo durante el gobierno de la Corona española1.
Pero, a su vez, otros intelectuales se inspiraron en lo que Cass Sunstein define como la segunda de las dos caras del liberalismo. Si en la primera de esas caras se enfatiza el respeto a los derechos de propiedad y a las preferencias individuales, de tal forma que se restringen o se proscriben las políticas de redistribución de la riqueza, en la segunda se enfatiza la importancia del Gobierno como un proceso colectivo, en el que los ciudadanos escogen fines mediante la participación política. En esta segunda cara ni las preferencias individuales ni la distribución de la propiedad existente en un momento dado se deben tratar como algo inviolable2. En Perú, por ejemplo, Mariano Lino Urquieta, seguidor de González Prada y líder del Partido Liberal Independiente, proponía un programa político que incluía el establecimiento del salario mínimo, la expropiación forzosa con fines sociales, el fomento estatal del desarrollo industrial, la protección arancelaria y otras medidas encaminadas al reconocimiento de las culturas indígenas3.
Según Sunstein, esa segunda cara del liberalismo sería la que daría lugar a las políticas intervencionistas y redistributivas del New Deal en Estados Unidos4. Algo similar ocurriría en muchos países latinoamericanos. Así, por ejemplo, a comienzos del siglo XX el indigenismo se convertiría en un movimiento que se insertaría en los procesos de construcción de los Estados nacionales en América Latina. En las reflexiones sobre las poblaciones indígenas que se hacían desde este enfoque se preguntaba sobre la manera más efectiva de construir una nación homogénea. Con ese objetivo en mente se elogiaba al indígena como fundamento de la identidad nacional, a la vez que se afirmaba que la pervivencia de su cultura significaba un obstáculo para el desarrollo y la modernización del país, y se buscaba su integración y asimilación dentro de la cultura nacional. Este proceso era propio de una mentalidad profundamente estatista e intervencionista:
El apogeo del movimiento indigenista se sitúa entre 1920 y 1970. El indigenismo se convirtió entonces en la ideología oficial del Estado intervencionista y asistencialista, establecido durante la Gran Depresión y que se dio los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto nacional5.
El pensamiento sobre los problemas que afectaban a las poblaciones indígenas incluye también autores más radicales, pertenecientes a la tradición marxista, que no creían que las políticas defendidas por los antropólogos indigenistas fuesen las adecuadas. Estos autores creían que la situación de subordinación económica y social de los indígenas derivaba de su integración en una economía de tipo capitalista, proceso este que se remontaba a la conquista española. La solución, por lo tanto, solo podía venir, siguiendo la ortodoxia marxista, de la integración de los indígenas en procesos de revolución que terminasen con la estructura de clase capitalista, origen de todos sus problemas.
En los años noventa, tras la caída de la Unión Soviética y el consecuente desprestigio que sufriría el marxismo clásico, el indigenismo, igual que otras teorías políticas de la época, buscaría otros puntos de referencia para elaborar sus propuestas políticas. De esta forma, ideas como el ecologismo, el multiculturalismo o el buen vivir entrarían a formar parte del discurso político indigenista.
Existen tres nociones principales del buen vivir. La primera sería la propiamente indigenista, que hace mayor hincapié en la idea de identidad. La segunda sería la versión socialista. La tercera sería el enfoque ecologista6. Las tres son críticas con el desarrollo de la economía capitalista y promueven la intervención del Estado en numerosos ámbitos de la vida económica y social, enfatizando la necesidad de adopción de políticas de redistribución de la riqueza.
Además del buen vivir, la otra idea que orientó el pensamiento político del indigenismo en esta etapa fue la del multiculturalismo. El multiculturalismo intenta responder a los desafíos planteados por la coexistencia de múltiples culturas y a la diversidad étnica y religiosa existente en el interior de los diferentes Estados. También intenta defender los derechos de aquellos grupos minoritarios que se suponen marginados y explotados debido a sus identidades grupales7. Sin embargo, la perspectiva teórica de los defensores del multiculturalismo es profundamente intervencionista. Paul Gottfried sostiene que el multiculturalismo es un mecanismo que utiliza el aparato estatal para controlar a la sociedad:
Como protector de las víctimas designadas y sensibilizador de la conciencia, este Estado en expansión está autorizado a realizar intervenciones constantes, directa o indirectamente, en una amplia gama de relaciones humanas y comerciales8.
Dicho intervencionismo estatal contrasta con la perspectiva que adoptaron los primeros indigenistas; es decir, los escolásticos españoles. Esta corriente de pensamiento tendría mucho que decir en relación con los derechos de los indígenas. Pensadores como Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas desarrollaron una teoría de la justicia fundamentada en los derechos de propiedad a través de la cual denunciaron el uso de la violencia en el Nuevo Mundo y apoyaron los derechos de las poblaciones indígenas9.
Una de las principales cuestiones que se plantea Francisco de Vitoria para evaluar la acción española es la de si los habitantes originarios eran los propietarios legítimos de sus recursos. Una segunda, relacionada con la primera, es si disponían de autoridades legítimamente establecidas:
Volviendo a nuestro asunto, y para proceder con método, preguntaré en primer término si estos bárbaros, antes de la llegada de los españoles, eran verdaderos dueños pública y privadamente; esto es, si eran verdaderos dueños de las cosas y posesiones privadas, y si había entre ellos algunos hombres que fueran verdaderos príncipes y señores de los demás10.
Francisco de Vitoria llegará a la conclusión de que, antes de la llegada de los españoles, los indios eran tan legítimos dueños de sus propiedades como los cristianos lo eran de las suyas, y rechaza las principales justificaciones ofrecidas para el sometimiento de las poblaciones indígenas por la fuerza.
Según Vitoria, dado que los derechos naturales se fundan sobre la naturaleza racional del ser humano, los paganos no pierden esos derechos por el hecho de no ser cristianos y no pueden, por ese motivo, ser desposeídos de sus propiedades o de su libertad. Esta tradición del derecho natural no haría sino continuar y desarrollar las doctrinas establecidas en documentos como la bula papal Sublimis Deus, promulgada por Pablo III en 1537 y en la que se declaraba que:
tales indios, y todos los que más tarde se descubran por los cristianos, no pueden ser privados de su libertad por medio alguno, ni de sus propiedades, aunque no estén en la fe de Jesucristo; y podrán libre y legítimamente gozar de su libertad y de sus propiedades, y no serán esclavos, y todo cuanto se hiciere en contrario será nulo y de ningún efecto11.
Además de la importancia de los derechos de propiedad, otro elemento importante es el policentrismo legal. Los Gobiernos de la época colonial eran, fundamentalmente, aparatos extractivos que carecían de la maquinaria burocrática y administrativa necesarias para intentar regular todos los ámbitos de la vida social. Esto permitió un notable margen de autonomía local a las comunidades indígenas y el mantenimiento de su derecho consuetudinario. Sin embargo, este punto de vista cambiaría con el intento de imponer el monismo legal (que solo reconocía como parte del derecho a la ley positiva promulgada por el Estado) a toda la población12.
Ese rechazo del derecho consuetudinario iba a desaparecer a partir de las últimas décadas del siglo XX. De hecho, una de las aportaciones más relevantes del indigenismo contemporáneo a la teoría política es su defensa del derecho indígena como mecanismo legítimo de resolución de conflictos. Esta defensa coincide con la realizada por una serie de aproximaciones teóricas desarrolladas en los últimos años, desde disciplinas como la economía o la ciencia política. Estas perspectivas comparten la idea de que existen formas de creación y ejecución de la ley alternativas a las estatales. Además, enfatizan que estas formas no constituyen excepciones o curiosidades históricas, sino que cumplen una función fundamental para una gran parte de la población mundial, allí donde el Estado no es capaz de llegar. Uno de esos programas de investigación, que podría ayudar a explicar el funcionamiento de estos sistemas alternativos de gobierno en áreas de estatalidad limitada, es el que han promovido los teóricos de los sistemas policéntricos13. Estos sistemas acumulan y generan información mediante la resolución descentralizada de una gran cantidad de problemas, durante un largo periodo de tiempo, utilizando el método de prueba y error y la selección competitiva de las mejores alternativas para la resolución de conflictos. De hecho, las normas legales preceden a la aparición de los Estados, que, en Occidente, surgieron mucho después de que existieran jurisdicciones superpuestas que carecían de un monopolio territorial14. Existe una importante literatura empírica que analiza el funcionamiento de este tipo de sistemas mediante estudios de casos, tanto históricos como actuales15. Algunos autores, como Peter Leeson, creen que los sistemas policéntricos son la mejor opción para aquellos países en desarrollo que no consiguieron establecer limitaciones efectivas sobre los actores políticos. En estos países las élites pueden utilizar el aparato de coerción estatal para beneficiarse personalmente a expensas de la población gobernada, castigar a sus rivales políticos, recompensar a sus aliados y, en definitiva, utilizar la ley estatal para la consecución de sus propios intereses. En estas condiciones, el recurso a los sistemas no estatales de ley sería una alternativa más adecuada, ya que la ausencia de ley estatal significaría, en realidad, la ausencia de depredación estatal16.
Es posible inspirarse en los escolásticos y los liberales clásicos para defender aquellas demandas relacionadas con el indigenismo que sean legítimas, desde una perspectiva favorable a los derechos de propiedad y al policentrismo. Esto evitaría que sean las perspectivas favorables a la intervención estatal las que ocupen este espacio en exclusiva y se presenten como defensoras de los derechos de las poblaciones indígenas, dirigiendo las políticas públicas hacia la adopción de medidas que, en última instancia, empobrecen a la población y aumentan el poder del Estado.
- Ver Mireya Molina de Castillo, Evolución del concepto de Salvaguarda del Patrimonio Cultural de Guatemala. Siglo XVIII-XIX-XX, tesis de grado (Guatemala: Universidad Francisco Marroquín, 2021), 124-26. ↩
- Cass Sunstein, «Two Faces of Liberalism», University of Miami Law Review 245 (1986): 245-52. ↩
- José Tamayo Herrera, Liberalismo, indigenismo y violencia en los países andinos (1850-1995), (Lima: Fondo Editorial, 1998), 79-80. ↩
- Cass Sunstein, «Two Faces of Liberalism»: 252. ↩
- Henri Favre, El indigenismo (México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1998), 10. Las acciones encaminadas a promover la mejora de la calidad de vida de los indígenas y su integración en la cultura nacional formarían, así, parte de la construcción de Estados corporatistas en América Latina. Según Deborah Yashar, estos países construyeron, a mediados del siglo XX, regímenes de ciudadanía corporatista, extendiendo derechos sociales como pensiones, sanidad, educación, etc., a la vez que institucionalizaban modelos colectivos de intermediación entre el Estado y los grupos sociales, para hacer frente a demandas colectivas. Ver Deborah J. Yashar, Contesting Citizenship in Latin America (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 48. ↩
- Antonio Luis Hidalgo-Capitán y Ana Patricia Cubillo-Guevara, «Deconstruction and Genealogy of Latin America Good Living (Buen Vivir). The (Triune) Good Living and Its Diverse Intellectual Wellsprings», International Development Policy, vol. 9, n.o 1 (2017): 23-50. ↩
- Sarah Song, «Multiculturalism», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (otoño 2020), ed. Edward N. Zalta. URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/multiculturalism/>. ↩
- Paul Gottfried, Multiculturalism and the Politics of Guilt: Towards a Secular Theocracy (Columbia: University of Missouri Press, 2002), 88. ↩
- Carl Watner, «All Mankind is One: The Libertarian Tradition in Sixteenth Century Spain», Journal of Libertarian Studies 8, n.o 2 (1987): 293-309. ↩
- Francisco de Vitoria, Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra (Madrid: Espasa-Calpe, 1946), 38-39. ↩
- Citado en Lewis Hanke, La lucha por la justicia en la conquista de América (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1949), 108. ↩
- Rodrigo Míguez Núñez, «Indigenous Customary Law in a Civil Law Context: Latin America and the Chilean Case», Rechtsgeschichte Legal History 24 (2016): 302-13; Sonia Alda Mejías, La participación indígena en la construcción de la república de Guatemala, s. XIX (Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2002), 26-27. ↩
- Ver Harold Berman, Law and Revolution: The Formation of Western Legal Tradition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983); Bruce Benson, «Polycentric Law Versus Monopolized Law: Implications from International Trade for the Potential Success of Emerging Markets», Journal of Private Enterprise 15 (1999): 36-66; Edward Stringham, ed., Anarchy and the Law: The Political Economy of Choice (Nueva York: Routledge, 2017). ↩
- Tom Bell, Your Next Government? From the Nation State to Stateless Nations (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 69-71. ↩
- Ver, por ejemplo, David Skarbek, The Social Order of the Underworld (Nueva York: Oxford University Press, 2014); Peter Leeson, The Invisible Hook (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009); Edward Stringham, Private Governance: Creating Order in Economic and Social Life (Nueva York: Oxford University Press, 2015). ↩
- Ver Peter Leeson, «Better Off Stateless: Somalia Before and After Government Collapse», Journal of Comparative Economics 35, n.o 4 (2007): 689-710. ↩