TÓPICO DE ACTUALIDAD

El agua, la ley y los incentivos: Una reflexión sobre la gestión hídrica en Guatemala

Por Luis Figueroa

En Guatemala vuelve a discutirse sobre la posibilidad de aprobar una ley específica para la gestión del agua. Quienes promueven su sanción lo hacen con el argumento de que «sin agua no somos nada», y que, por lo tanto, el Estado debe intervenir para garantizar su distribución, conservación y uso equitativo. Sin embargo, esta visión, aunque bienintencionada, desconoce los fundamentos económicos y jurídicos que explican cómo surgen y se conservan los derechos sobre los recursos escasos.

El análisis praxeológico —la ciencia de la acción humana, desarrollada por la escuela austriaca y aplicada al derecho por Ricardo Rojas, en Fundamentos praxeológicos del derecho— permite examinar esta discusión desde un enfoque más amplio: el de los incentivos. El problema no radica tanto en la falta de leyes, cuanto en el tipo de normas e incentivos que estas crean. La estatización del agua, al eliminar la propiedad individual y sustituirla por administración política, destruye precisamente los mecanismos que promueven su cuidado.

La praxeología enseña que los derechos no nacen por decreto, sino de la acción humana. Es decir: surgen cuando los individuos, actuando para satisfacer sus necesidades, delimitan y reconocen mutuamente sus espacios de propiedad. En este sentido, el agua —como cualquier otro recurso escaso— solo se conserva cuando existen incentivos directos para hacerlo.

Cuando un río, lago o manantial pertenecen a todos, nadie asume la responsabilidad de protegerlos. Este fenómeno, conocido como «la tragedia de los comunes», se agrava cuando el Estado asume la gestión de un bien, sin capacidad ni información suficiente para hacerlo. En cambio, cuando existen derechos claros de propiedad o de uso transferible, los propietarios —individuos, asociaciones o comunidades— tienen motivos económicos y morales para mantener el recurso en buen estado.

La experiencia chilena del Código de Aguas de 1981 confirma esta visión: al reconocer derechos de aprovechamiento privados, transferibles y protegidos jurídicamente, se fomentó la inversión, la conservación y la reasignación eficiente del recurso hacia sus usos más valiosos.

Las leyes que centralizan la gestión del agua suelen presentarse como «soluciones» para garantizar el acceso universal. Pero, como advierte la economía del derecho, toda norma genera incentivos y costos —tanto visibles como invisibles— que deben analizarse antes de su aprobación.

Cuando la gestión se politiza, los usuarios locales pierden el control sobre el recurso, los procesos se burocratizan y los incentivos se distorsionan. Las municipalidades, encargadas en teoría de velar por el saneamiento, terminan siendo las principales contaminadoras, y la falta de responsabilidad directa diluye las consecuencias de los daños ambientales.

El Property and Environment Research Center (PERC) ha mostrado, con abundante evidencia empírica, que los mercados basados en derechos de propiedad generan resultados ambientales superiores a los sistemas estatales. En los mercados de agua del oeste de Estados Unidos o Australia, los usuarios pueden comprar, vender o arrendar derechos, reasignando el recurso de manera voluntaria, según su valor económico. Los resultados son notables: reducción del desperdicio, mejoras en la calidad del agua y soluciones locales frente a las posibles y respectivas sequías. En Guatemala, en cambio, la falta de propiedad clara sobre los ríos y lagos ha contribuido al deterioro del Motagua, del lago de Amatitlán y de múltiples acuíferos. Conclusión: lo que es de todos termina siendo de nadie.

La centralización estatal ignora un principio fundamental de la acción humana: el conocimiento es local y disperso. Las comunidades que viven junto a un manantial conocen mejor sus necesidades que el más experto funcionario en la capital. Por ello, la gestión descentralizada —basada en la cooperación voluntaria— tiende a ser más efectiva que la administración centralizada.

El caso de Totonicapán ilustra esta verdad. Las comunidades locales han mantenido por generaciones un sistema comunal exitoso para proteger sus bosques y fuentes de agua, mediante comités de vigilancia, normas internas y mecanismos de cooperación espontánea. Estos acuerdos voluntarios constituyen ejemplos vivos de derecho praxeológico: el orden social que emerge de la acción coordinada de las personas, sin necesidad de imposición coercitiva.

Una eventual ley de aguas no debería crear un nuevo aparato burocrático, sino establecer un marco jurídico que reconozca y proteja derechos preexistentes. Desde la perspectiva praxeológica y del PERC, una legislación eficiente debería definir derechos de propiedad o de uso transferibles, permitir mercados de agua, establecer responsabilidad directa por contaminación o daños ambientales, descentralizar la gestión e incentivar la conservación.

El debate sobre el agua es, en el fondo, un debate sobre el tipo de sociedad que queremos tener: una sociedad de personas libres, responsables y cooperativas, o una sociedad de súbditos dependientes de la burocracia. El agua puede ser una fuente de conflicto o de prosperidad. Todo depende de si la tratamos como un bien político o como un bien económico, con dueños, incentivos y responsabilidad.

Si «sin agua no somos nada», entonces no debemos entregarla a quienes nada cuidan: los políticos. La mejor garantía de conservación y justicia hídrica está en el reconocimiento de los derechos de propiedad, en la libertad de intercambiar y en la responsabilidad moral de cada individuo.

Solo así el agua —fuente de vida— podrá ser también fuente de libertad.