Publicado: Prensa Libre/ Guatemala 16 de enero del 2026
¿Transparencia o rendición fiscal? Jorge Jacobs explica cómo la adhesión de Guatemala al Marco Inclusivo de la Ocde no es un avance histórico, sino una renuncia peligrosa a la soberanía tributaria que debilita la competitividad del país, fortalece a la burocracia y castiga a los emprendedores.
El 12 de enero, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, anunció con bombo y platillo la adhesión de Guatemala al “Marco Inclusivo” de la Ocde sobre Erosión de Bases y Traslado de Beneficios (Beps). Lo vendieron como un paso “histórico” hacia la transparencia y la modernización. Sin embargo, detrás de la retórica tecnocrática se esconde una capitulación estratégica. Guatemala acaba de entregar las llaves de su política tributaria a un grupo de burócratas en París, renunciando voluntariamente a las pocas herramientas que le quedan para competir en un mundo hostil. No es un triunfo diplomático; es un error de cálculo que ignora la realidad geopolítica y económica de 2026.
El contexto internacional desnuda la ingenuidad —¿o mala fe?— de nuestras autoridades. Apenas unos días antes de ese anuncio, se confirmó que las empresas multinacionales con sede en Estados Unidos estarán exentas del impuesto mínimo global gracias a una negociación de la administración Trump que protege sus intereses nacionales. Mientras ellos defienden su soberanía y aseguran ventajas para sus corporaciones, el gobierno de Bernardo Arévalo corre en la dirección opuesta, sometiendo a los tributarios guatemaltecos a reglas que nuestro principal socio comercial rechaza para sí mismo. Esta disonancia tiene consecuencias: somos el único país del Triángulo Norte con restricciones de visas de migrantes, y ahora, para colmo, deciden jugar al alumno obediente de una agenda estatista que castiga la competencia fiscal.
La Ocde actúa como un cartel fiscal. La competencia entre gobiernos es tan necesaria como la competencia entre empresas; sirve como un freno al crecimiento desmedido del Estado. Al imponer un piso tributario global del 15 por ciento y armonizar las reglas, este cartel busca eliminar la “amenaza” de jurisdicciones más eficientes que atraen capital con impuestos bajos y reglas sencillas. Para los países desarrollados, con sus estados de bienestar quebrados y gastos insostenibles, evitar la fuga de capitales es vital. Pero para Guatemala, renunciar a incentivos como los del decreto 29-89, las Zonas Francas o las ZDEEP es un suicidio económico. Si no podemos ofrecer seguridad física, certeza jurídica o infraestructura de primer mundo, ¿con qué atraeremos inversión si también eliminamos el atractivo fiscal?
La SAT, que busca elevar la carga tributaria, encuentra en el Beps la excusa perfecta para expandir su capacidad de fiscalización y control sin pasar por el filtro político del Congreso. La adhesión otorga a la SAT herramientas de intercambio de información y normativas complejas que, en un país con un Estado de derecho débil, se traducen en más poder para presionar, más arbitrariedad y más costos para el sector formal, que seguramente hará que se incremente todavía más el porcentaje de informalidad en el país. Eso sin contar con que, nuevamente, están pasando por encima de la Constitución, luego de que la Corte de Constitucionalidad, recientemente, les ha votado varias disposiciones en ese mismo sentido.
La acumulación de poder inevitablemente erosiona la libertad individual. El derecho a la privacidad no es un capricho para esconder delitos, como maliciosamente sugieren los estatistas, sino un baluarte fundamental para la protección de la vida y la propiedad frente a la delincuencia organizada y la persecución política.
El costo de esta fiesta lo pagarán las empresas medianas y los emprendedores locales. Guatemala debe despertar del sueño dogmático de la armonización internacional. La soberanía fiscal no se negocia en cócteles en París. Necesitamos más mercado, impuestos bajos y una competencia institucional agresiva para atraer capital, no sumisión a un cartel de recaudadores avorazados.