TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXVII, 1986 No. 617

N. D. Este artículo es un fragmento del Discurso pronunciado por el Dr. Armando De La Torre ante la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, en San José, Costa Rica, el 11 de octubre de 1986. El Dr. De La Torre es director del Instituto de Estudios Políticos y de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, de Guatemala.

Puntos Olvidados

Armando De La Torre

En toda la América Latina se copiaron durante las décadas de los años 60 y 70 modelos desarrollistas que han fracasado, sin excepción, en un país tras otro.

A mi juicio, y al de muchos otros, esos planes derivan de una serie de malentendidos sobre cómo funciona el libre mercado.

Nuestros gobiernos y quienes los apoyan, principalmente las burocracias estatales, parecen creer que el mercado, cualquier mercado, dejado a sí mismo significa un caos en el que los más fuertes o los menos escrupulosos se imponen en una competencia feroz e implacable; que el Estado ha de ser el principal agente ordenador y moralizador de ese mercado así percibido; que su función ordenadora preeminente es la de redistribuidor del ingreso, a fin de disminuir por un proceso deliberadamente diseñado las desigualdades económicas entre sus ciudadanos; que las economías nacionales se encuentran sujetas a una ininterrumpida rivalidad con fines políticos de supremacía, y que sus gobiernos respectivos, por lo tanto, no pueden contar con permanentes amigos o permanentes enemigos sino sólo con los permanentes intereses de la nación; que cada Estado debe velar porque el nivel de precios y los márgenes de lucro o ganancia sea los «justos», con una opción preferencial y una acción tutelar por parte del Estado en favor de los que trabajan por cuenta ajena que las transferencias de capital, incluso de tecnología, desde el extranjero, sobre todo desde las naciones más desarrolladas o económicas o militarmente de más peso, son con frecuencia sospechosas cortinas de humo, tras las cuales se puede ocultar un designio malévolo de penetración económica y política por parte de esas mismas potencias; y que el poder coactivo del Estado debe verdaderamente laborar por el objetivo inclaudicable de pleno empleo y mejora de los salarios, empezando por los mínimos, sin que todo esto conlleve vulnerar la capacidad de oferta de los productores.

Estas y otras premisas semejantes Implican una enorme cantidad de ramificaciones que se han visto traducidas en esas políticas fiscales, tributarias, monetarias, agrarias y financieras que han acabado por detener el avance de los años 50 y 60 de nuestra región y aún hacerlo retroceder a niveles intolerables, mientras los Estados nacionales descuidaban una de sus funciones más importantes: la de velar por la estabilidad de la moneda, evitando las causas del más ruinoso e injusto de los impuestos: la inflación.

Y con todo esto se ha visto también disminuida la libertad individual, que todas las democracias constitucionales garantizan, y que incluyen el libre movimiento de mano de obra, de mercancías y de capitales, sin más límites que los fijados por la moral, la ley y las obligaciones específicas de los contratos.

Paul Johnson en un libro relativamente reciente que se llama: «Tiempos Modernos», y en el que hace un análisis histórico del siglo XX desde la primera Guerra Mundial a nuestros días, concluye que «el poder del Estado para hacer el mal ha crecido con asombrosa rapidez. Su poder para hacer el bien lenta y confusamente».

Aprovecho para recordar muy someramente algunos puntos olvidados por quienes han propugnado políticas que, aunque bien intencionadas; nos han traído a la desastrosa situación actual.

1.) El único precio moralmente justo es el libremente fijado entre la oferta y la demanda.

Querer imponer un precio por debajo o por encima de lo que fija el mercado, es obligar a un tercer inocente, al consumidor, a subsidiar los bienes o servicios que no son de su preferencia, y arrebatar al precio la más vital de sus funciones: La de informar a todos los que intervienen en el mercado cómo asignar sus recursos.

2.) El lucro, o por otros nombres, las ganancias, los dividendos y las utilidades que devienen al empresario de cualquier tipo, en cualquier actividad y en cualquier volumen, una vez cubiertas todas las erogaciones legales, por la tierra, el capital y el trabajo, amén de las tributarias, es perfectamente legítimo y moral , y es el resultado, a mediano plazo, no de un alza de los precios decretada caprichosamente por el empresario, sino de una rebaja en sus costos, producto de su ingeniosidad y su esfuerzo.

3.) Este lucro individual del hombre de empresa es, a su vez, una de las causas de la formación de capital, de la consiguiente generación de empleados y del sostenimiento de todas las demás actividades que se dicen no lucrativas: Gobiernos, Iglesias, Museos, Hospitales, Fundaciones Benéficas, etc.

Castigar retórica y fiscalmente al que lucra, sobre todo en la forma progresiva que se estila hoy en casi todas partes, es «matar la gallina de los huevos de oro», lo que se traduce en realidad en hacer más pobre a los pobres.

4.) Es un mito que el funcionario público sólo tiene como mira los intereses del bien común y no los suyos propios, y que, por otra parte, el comerciante o cualquier otro empresario solo ponen como fin de su actividad el propio y no el bien común. Ambos, el funcionario del Estado y el hombre de empresa, quieren, tanto el progreso personal propio como el de la colectividad en que viven, la única diferencia está en que el empresario logra sus objetivos a través de la libre competencia con otros empresarios y el funcionario público lo extrae de los contribuyentes a través del monopolio del poder coactivo del Estado.

5.) Recuérdese, además, que el que más lucra es el que sabe servir mejor a los consumidores como quieren ellos ser servidos y no como lo decide una autoridad pública o el propio empresario. En esa virtud, un comerciante o un finquero esté sujeto continuamente a la disciplina implacable del mercado, mucho más impersonal y por lo tanto más justa, que la de cualquier autoridad imaginable, por benévola que ella se declare.

6.) Un mercado libre es un mercado democrático, donde cualquier comprador está dotado con cada unidad monetaria de un voto anónimo y eficaz con el que premia al eficiente y castiga al menos eficiente. A eso se añade que, en ese mercado libre, comprador y vendedor son contractualmente iguales entre sí, sin necesidad de una autoridad jerárquica que asigne méritos y deméritos entre ellos. Aquí está probablemente la razón principal de esas intervenciones arbitrarias, abusivas, Ineficientes y muchas veces corruptoras del Estado en el mercado: porque burócratas, jueces, sacerdotes y militares tienden a ver las relaciones libremente contraída en el comercio entre partes iguales desde la perspectiva autoritaria o jerárquica en la que funcionan como tales burócratas, jueces, sacerdotes y militares.

John Hicks, el Premio Nobel de Economía, no se cansa de insistir en su preciosa obra una «Teoría de la Historia Económica», que el ethos igualitario y democrático del comercio libre difícilmente ha sido entendido por quienes nunca lo han practicado.

7.) Todo esto explica por qué las sociedades más comerciales han sido siempre las más progresistas, las más creativas y las más libres de la historia, que es lo mismo que decir las más creativas y las más libres de la historia, que es lo mismo que decir las más felices.

Son esas comunidades comerciales donde todos somos iguales e igualmente libres, las sociedades que en general forjan mejor a los hombres de carácter, es decir, aquellos que están dispuestos a pagar personalmente por las consecuencias de sus decisiones.

Son esas comunidades o sociedades comerciales también las más generosas con el desvalido o el que fracasa sin su culpa, como lo atestiguan las innumerables obras de servicio voluntario y las fundaciones altruistas, sostenidas sin necesidad de mandatos ni amenazas, por el sentido de solidaridad humana que caracteriza al hombre acostumbrado a firmar contratos de los que él, en lo personal, se siente responsable.

Son esas las sociedades de la abundancia, a las que emigran los hombres y mujeres desde las menos libres, atravesando a nado aguas infestadas de tiburones para llegar a Hong Kong o saltando bajo el fuego cruzado de las ametralladoras el muro que los separa del Berlín Occidental.

Son esas las sociedades pacíficas, donde no hay partidos únicos, déspotas ilustrados o la violencia guerrillera de ineptos que quieren imponer a los demás lo que ellos en su ignorancia creen que a los demás conviene.

Son esas las sociedades donde los gobernantes se fían del sentido común de sus ciudadanos y de su rectitud moral, sin pretensiones de imponer la superioridad administrativa y moral de unos hombres en el sector público sobre los otros del sector privado, por medio de controles y monopolios estatales contraproducentes descargados sobre los hombres de quienes se afanan, producen e intercambian «con todos y por el bien de todos», con honradez y eficiencia.

En el caso de la libertad económica lo más importante no es su ponderada eficiencia como sistema para crear recursos, ni el extraordinario éxito en promover el crecimiento económico sino su firme base en los principios morales fundamentales de la vida misma».

Benjamín A. Rogge, «The Case for Economic Freedom»