TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXXI, 1990 No. 720

N. D. Valeriano F. García estudió en la Universidad de Tucumán, Argentina, y posteriormente en la Universidad de Chicago, donde se doctoró en Economía en 1973. Fue presidente de la Fundación del Tucumán y Economista del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos-CEMLA, es autor de varios libros y tratados de temas económicos. Este ensayo es un fragmento del Cap. XIII de su libro «EL ABC Y LA Z DE LA ECONOMIA». El objeto de las leyes de protección ambiental y pronatura debe ser reforzar o definir, o hasta crear derechos de propiedad cuyo resultado es «internalizar» los costos llamados «externalidades».

Las Externalidades

Por Valeriano García

Bajo el extraño nombre de «externalidad» los economistas engloban aquellas situaciones donde una persona o empresa genera «costos» a otras, sin que ella misma las incorpore como costos propios. Por ejemplo, una fábrica que arroja sus desechos al río más cercano, matando los peces y haciendo el agua insalubre; o cuando su humo irrita la vista y los pulmones de los habitantes de la zona. Lo mismo sucede con el motociclista que deja su escape libre atormentando con su ruido a todos los peatones; o el ómnibus que descarga sus gases sobre indefensos transeúntes que todavía no se atreven a usar máscaras antigás; o la mujer que fuma desaprensivamente en la sala de espera del médico, sin importarle la salud de los niños y grandes que esperan al pediatra; o a quien arroja residuos en la vía pública; o el ruido de los aviones que día y noche aterrizan o despegan; o la tala «irracional», de los bosques; o la pesca que pone en peligro de extinción a la ballena, etcétera.

Todas estas situaciones, y muchas más, tienen su origen en un uso «comunitario» de los recursos; esto es cuando no existe la propiedad privada de dichos recursos o cuando perteneciendo al Estado éste no ejercita su poder ni hace efectivas sus funciones.

Los problemas de externalidades surgen siempre que hay un uso «comunitario» de los recursos. En el caso de los ríos y lagos o costas marítimas, la propiedad es en «teoría» estatal; pero muy pocas veces, el Estado «ejerce» su derecho de propiedad, de tal manera que de «hecho» estos recursos económicos se convierten en recursos de uso comunitario. Estos recursos comunitarios, por definición, no pueden excluir a nadie, de allí que cualquiera se siente con «derecho», a obtener recursos sin pagar los costos. Esto se ve con claridad cuando observamos que muchas personas arrojan papeles o desperdicios en las calles. Estas son «públicas», es decir son de todos y por lo tanto alguna gente se siente con «derecho» a ensuciarlas aunque afecte el derecho de los demás a gozar de una ciudad limpia.

La solución está en el pleno ejercicio del derecho de propiedad de tal manera que desaparezca la propiedad comunal y se dé origen a la propiedad privada al ejercicio efectivo de la propiedad estatal.

Harold Demsetz en un artículo denominado «Hacia una teoría de los derechos de propiedad» que fuera publicado en la revista de la Asociación Americana de Economistas, en mayo de 1964, ejemplifica el punto con el caso real de la caza por parte de los indios en la península del Labrador, antes y después del surgimiento del comercio de pieles. Antes de esta mayor demanda y comercialización, los indios cazaban para vivir y la reproducción natural no era afectada, a pesar del uso comunitario de los recursos. La llegada del comercio causa que cada indio se preocupe de obtener la máxima cantidad de pieles pues el «costo» del «exceso» de su cacería, se reparte entre todos los demás indios. De esta manera piensa cada uno de ellos y así puede llegarse fácilmente a la «extinción» de las especies cazadas. Bajo el derecho de propiedad de tipo comunitario, ¿qué incentivos podía tener cada indio para realizar «inversiones para el mantenimiento del stock de castores? Si un indio «invertía» cazando menos para permitir la reproducción, él no tenía garantía de que cosechada los beneficios de su conducta. La única garantía habría de ser la propiedad privada de campo de caza, es decir su derecho a excluir a otros de los beneficios logrados, a raíz de los costos incurridos. Muy pronto los indios descubrieron que el sistema comunitario era ineficiente y se dividieron la propiedad con derecho exclusivo de caza para cada familia.

El ejemplo anterior se hace extensivo hasta en situaciones triviales, por ejemplo, reunidos varios amigos en un cordial almuerzo tienen dos alternativas frente a la cuenta final que cada uno pague de acuerdo a lo que consume o que la suma sea dividida por partes iguales entre todos; sin duda que la cuenta será mayor en esta última opción; la razón es la misma que en el caso comentado de los indios: los beneficios de comer langosta son apropiados por una sola persona y los costos son repartidos entre todos. Esto no supone ninguna conducta «egoísta» por parte de los amigos, simplemente la situación «comunal» hace que los costos sean percibidos en menor magnitud que los beneficios.

Si usted escucha hablar de la «tala irracional de los bosques» en su país, debe pensar que algo no funciona bien en términos de la definición de los derechos de propiedad en esa región. Seguramente existe una situación tal que esos recursos, o son de propiedad comunal, o son de una agencia estatal que no hace valer su poder «protector» del bosque.

Hay otras situaciones donde la mala asignación de derechos de propiedad determina, inclusive, los métodos de matanza de los animales. Armen Alchian y Harold Demsetz, de la Universidad de California, ilustran el ejemplo de la crueldad de los métodos usados en la matanza de focas en la bahía de San Lorenzo (Canadá). Hacia 1970, los diarios canadienses hicieron una notable campaña contra la forma bárbara y cruel en que se hacía la faena de focas en esa región, incluyendo focas recién nacidas. Pero, si se analiza la forma en que el gobierno canadiense había reglamentado la cacería, se encontrará la explicación; la causa no reside tanto en hombres desalmados per-se, sino en hombres desalmados a raíz de incentivos mal dirigidos. Sucedía que el gobierno, en su afán de «proteger» a las focas, autorizaba a cualquiera a cazarlas, pero tal autorización se terminaba para todo el mundo una vez llegadas a las 50,000, por año. Es decir que esas primeras 50,000 focas eran de propiedad comunitaria. Se incentivaba a que cada cazador pusiera énfasis en los métodos más rápidos de matanza para tener más pieles, antes que el total llegue al máximo autorizado. Por eso no se reparaba en el bárbaro método de apalear a las focas incluyendo a las crías, con tal de tener cada uno la mayor cantidad posible, antes que el total llegue al máximo autorizado. Muy diferente hubiese sido la situación si, por ejemplo, las autoridades canadienses hubieran licitado la concesión a cazar, otorgando a una sola persona o empresa el derecho a hacerlo.

Hay dos causas, a veces concurrentes, que impiden una solución eficaz y económica a estos problemas. Una, es que muchas veces no están bien definidos los derechos de propiedad y, otra, son los altos costos de «transacción», es decir los altos costos de negociación entre las partes afectadas.

En el ejemplo de la fábrica que tira sus desechos al río, el problema es que el río es de propiedad comunal, es decir, «no tiene dueño» pues si alguien fuera «propietario de dicho río» podría demandar a la fábrica. Desde un punto de vista de la cantidad de recursos económicos que se usan para solucionar el problema de la polución, sería exactamente lo mismo que se ordenara a la fábrica que hiciera un «tratamiento» de desechos antes de arrojarlos al río, o que el dueño del río pagara a la fábrica para que ésta deje de arrojar desechos o ponga algún tipo de filtro. La única diferencia sería de «equidad» y correspondería al juez decidir quién paga los costos, pero en cuanto a la cantidad de recursos económicos escasos usados para solucionar el problema, daría lo mismo que los pague uno u otro.

Lo anterior es un ejemplo del «teorema de Coase» en honor del economista inglés Ronald Coase quien fue el primero en aseverar que, sí no hay costos de negociación, la solución de eficiencia es exactamente la misma cualquiera que sea la parte que deba «sobornar» a la otra para solucionar el problema; es decir si usted debe pagar al motociclista para que silencie su máquina, o si él debe pagarle para que usted lo aguante, el monto sería el mismo. Pero, este ejemplo del motociclista es en realidad el opuesto al de un solo dueño de fábrica «contra» un solo dueño de río. Los «costos» para que cada uno de los afectados por el ruido dé alcance al motociclista y «negocie» con él, son demasiado altos. Este es un buen ejemplo de altos «costos de transacción». En este caso, resulta más eficiente pagar algo más de impuestos para financiar alguna agencia estatal que se encargue de controlar el ruido y aplicar las sanciones a los transgresores. En realidad, aquí también estamos «pagando» para hacerlo callar al ruidoso, pero estamos pagando menos que si cada uno de nosotros tuviera que negociar con el sujeto. Si la agencia estatal es eficiente o no en el cumplimiento de su deber es harina de otro costal y corresponde a quienes pagan los impuestos el exigir que así sea para proteger sus derechos de propiedad.

«La conservación de los recursos ordinarios no es una cuestión económica, exactamente como otras decisiones sobre producción y consumo. No comprender esto bien es lo que lleva a sugerir y a hacer cosas insensatas, acciones que, aunque tiene un valor expreso para nosotros, no conducen a nada y pueden incluso tener efectos dañinos para otros». Julian L. Simon, «El último recurso», 1980.